ELECTRIZANTE. La reforma eléctrica carga contra los consumidores.

Escribe Marcelo Espiñeira.

Como la sangre que fluye por nuestros cuerpos, la electricidad da vida y sentido a la existencia moderna. Tan imprescindible como el agua o los alimentos, su mera escasez o falta temporal nos estresa. Vivimos en una sociedad eléctrica y el acceso a esta energía nos resulta básico en la cotidianidad. 

Garantizar el mejor suministro eléctrico posible es política de Estado para las autoridades de cualquier país desarrollado. La confiabilidad del tendido eléctrico genera inversión industrial, empleo y riquezas. Conseguir este escenario conlleva un exhaustivo análisis previo, fuertes inversiones en infraestructura y toma de decisiones acertadas para el conjunto. Es una cuestión sensible y los errores en esta materia afectan directamente a toda la actividad económica. Por estos motivos, la política energética de un país no es un tema menor.

En España, el sector se había desarrollado históricamente en un relativo desorden, sin una política consensuada y bastante sujeta a los intereses creados por las grandes empresas explotadoras del negocio. Lo cierto es que ahora tenemos una auténtica mezcla en cuanto al origen de los recursos productores de energía primaria, y no está mal que así sea. El problema radica en cómo administrar la convivencia de los diferentes sistemas de generación eléctrica.




El mix de la generación
La generación eléctrica primaria española integra a los sistemas más antiguos (hidroeléctrico y de combustión fósil) con otros más sofisticados (nuclear y renovables). El sector de las centrales hidroeléctricas ya alcanzó su máxima capacidad de desarrollo. La mayoría de sus instalaciones están amortizadas y únicamente acarrean gastos de mantenimiento. No quedan más ríos por explotar en nuestro territorio, es esta una vía muerta. Las centrales térmicas alimentadas por gas natural o carbón, además de contaminar excesivamente el medio ambiente, deben recurrir a la importación de estos combustibles para su funcionamiento, lo cual las convierte en poco convenientes para la economía general. Las centrales nucleares son muy costosas de instalar o mantener, y accidentes como los de Chernobyl o Fukushima las han condenado definitivamente al cierre por su peligrosidad. Es cuestión de tiempo para que desaparezcan, aunque en Francia todavía estén consideradas como una industria estratégica. España no está en condiciones de seguir apostando a esta tecnología por razones de costes y seguridad, pese a que la primera medida del ministro José Manuel Soria (Industria, Energía y Turismo) fuera prorrogar la vida útil de la central de Garoña hasta 2019.


El último sector en incorporarse al mix de la generación eléctrica fue el de las renovables, aquel que se sirve de la energía solar, eólica, la biomasa y los residuos sólidos. Podemos considerar que la irrupción de las nuevas tecnologías que permiten el aprovechamiento de los rayos solares y el viento para su posterior transformación en electricidad, ha provocado un verdadero temblor en un ámbito acostumbrado al monopolio de un puñado de grandes corporaciones, con capacidad logística y financiera para montar una central hidroeléctrica, una nuclear o una térmica. Hasta que no aparecieron los paneles solares y los equipos domésticos, dominar el poder de la energía estaba vedado para los ciudadanos y el enorme negocio de la generación eléctrica estaba reservado para unos pocos elegidos.


Si bien los primeros equipos fotovoltaicos eran muy caros y poco atractivos para la industria tradicional, desde la UE se recomendaron políticas específicas fomentando el desarrollo de esta energía, también conocida como verde. Este aliento continental fue recogido por los gobiernos de Aznar y Zapatero en forma de incentivos (primas) muy atractivos a su desarrollo, aunque con un planeamiento mal calculado y superado en la práctica por la masiva instalación en un período muy breve de tiempo. Las mieles de la financiación barata alimentaron esta burbuja y pronto, el mercado español de las renovables quedó desfasado y pendiente de una nueva regulación ajustada a las posibilidades reales.

Ante este panorama, completado por un opaco sistema del cálculo de la tarifa eléctrica, un reconocido (por la Administración) déficit tarifario de 26.000 millones de euros y el objetivo europeo 20/20/20 por delante, el ministro Soria se atrevió a prometernos una reforma de gran calado que, en sus palabras, vendría a ordenar definitivamente el sector.


¿Reforma o recorte?
A mediados de julio pasado, el ministro anunció los lineamientos de una nueva regulación que ha querido presentar como justa y que prevé esfuerzos repartidos para todos. Sin embargo, un análisis pormenorizado del RD 9/2013 no arroja ni siquiera atisbo de un reparto equitativo y menos aún, de alguna solución inteligente para los problemas que todavía afectan al costosísimo sistema eléctrico español, el más caro de Europa junto a los de Chipre y Malta.


Las normativas agrupadas en el RD de Soria representan un conjunto de recortes basados en dudosas o inexplicables coordinadas, consolidan el oscuro sistema que conforma la tarifa final que pagamos los consumidores y fundamentalmente, actúan de manera retroactiva en cuanto a las retribuciones de las renovables, asestando un cabal golpe de gracia a la seguridad jurídica del país, que ya ha trascendido en la prensa internacional con cierta sorna.

El supuesto objetivo de esta reforma estaría centrado en terminar con el famoso déficit tarifario acumulado pero, ni siquiera intenta sentar las bases para un futuro mercado eléctrico más transparente, más participativo y finalmente más barato para todos, que debería ser el gran propósito del ministro. Por el contrario, el RD refuerza la posición de dominio de las grandes empresas agrupadas en UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E-On España y EDP), castiga duramente al sector más diversificado de la energía solar y se carga sin miramientos la posibilidad del autoconsumo.


Acerca del autoconsumo valdría recordar las razones que Alberto Bañón (director de Regulación de UNESA) esgrimiera en un artículo de su autoría publicado por El País (16 de agosto), las cuales rozan el ridículo. En su escrito defiende la instauración del nuevo "peaje de respaldo" porque, según su criterio, intenta compensar los impuestos que un ciudadano podría ahorrarse mediante su instalación de autoconsumo, al tiempo que compara esta situación con la del fraude fiscal en los paraísos fiscales. Siguiendo su peculiar e intrincado razonamiento, también podríamos gravar a todos los ciclistas porque no están comprando gasolina cargada de impuestos. ¿Insólito o patético? Quizás deberíamos averiguar que opina Alberto Nadal Belda, padre ideológico de la reforma, además de Secretario de Estado de Energía y hermano mellizo de Álvaro Nadal (el economista de cabecera de Rajoy). Pero como no nos atienden el teléfono en el ministerio, seguiremos adelante con este análisis.

El secretario de Energía, Alberto Nadal Belda.
Viento sin rentabilidad
¿Por qué creemos que esta reforma no será beneficiosa para los consumidores y la economía en general? Antes que nada, porque seguirá incrementando el precio final de la tarifa eléctrica, uno de los gastos principales de los hogares y la industria local. Segundo, porque una buena auditoría del funcionamiento del sector hubiera descubierto los evidentes abusos de posición ejercidos desde UNESA y los sobre-costes escondidos en el déficit tarifario reconocido por el Estado por Ley. Tercero, porque castigar a las renovables y el autoconsumo es nadar contra la corriente mundial. Cuarto, porque el sector de las renovables está destinado a ser factor decisivo del abaratamiento de la tarifa eléctrica. Quinto, porque se sigue apostando por un modelo centralizado de la producción, distribución y comercialización de la electricidad.

Es necesario ahondar en el complejo funcionamiento del mercado eléctrico local para dar con las razones que podrían haber llevado al Ministerio de Industria a reforzar el status quo, actuando en la dirección contraria a lo que indican las políticas de los países más serios. Vale la pena recordar el caso alemán o el norteamericano, quienes están apostando decididamente por el sector renovable, a pesar de la tensión que esta política pueda provocarles con empresas consolidadas del sector térmico o nuclear. En este sentido, el congreso norteamericano ha sancionado recientemente una Ley que obliga al Ministerio de Defensa a proveerse hasta en un 25% de su consumo eléctrico (el mayor del mundo para una institución) de fuentes renovables. Curiosamente, la empresa ibérica Acciona es una de las 21 competidoras seleccionadas para participar en los jugosos contratos por la instalación de plantas fotovoltaicas para la US Army. Sin embargo, sus negocios locales concentrados en los parques eólicos más importantes del país caen en picado. La sección renovable local, Acciona Energía, está en venta y desvalorizándose a ritmo frenético en el IBEX35. Ahora, sus títulos valen la quinta parte de lo que valieron en 2008. Una sonada caída que, en gran parte, se ha acentuado los días posteriores a la presentación de la nueva Ley de Soria. La cuantiosa quita en las retribuciones por la compra de la energía producida en los parques eólicos ha favorecido este desenlace.

Nada de auditorías
Si bien desde UNESA ahora también se quejan de los recortes impuestos por Soria en sus parcelas, sus negocios siempre han sido históricamente apoyados por los gobiernos de Aznar y Zapatero. Las sucesivas regulaciones del sector han favorecido el desdoblamiento de las grandes empresas, las cuales han participado de la generación, distribución y comercialización de la electricidad en España. De esta forma se han asegurado jugar convenientemente con la contabilidad de sus costes y beneficios, prácticamente fuera de control de la Comisión Nacional de Energía o de Hacienda, hinchando la factura final de los consumidores y favoreciendo el establecimiento de un sistema de provisión eléctrico que jamás ha premiado el ahorro, sino exactamente lo contrario.

La diputada Laia Ortiz, de ICV, en el bloque de Izquierda Plural.
En junio pasado, diputados de Izquierda Plural con el apoyo de UPyD, ERC, Compromís, BNG y Geroa Bai presentaron una moción en el Congreso para solicitar que se realizara una auditoría del déficit tarifario eléctrico reconocido por la Administración, el cual asciende a más de 30.000 millones de euros y podría seguir aumentando en el futuro. La votación de la petición acabó en un fracaso estruendoso con el voto negativo de 195 diputados (PP, Foro Asturias, CIU y UPN) y la abstención de 105 parlamentarios (PSOE, Coalición Canaria y PNV).

En total, 300 de los 323 diputados en la cámara no quisieron que se aclararan los detalles de semejante deuda pública, muy similar en su cantidad al rescate bancario de 2012. La diputada Laia Ortiz (ICV) pidió que se investigaran "las regulaciones que han diseñado los ministros que hoy se sientan en los consejos de administración de las cinco grandes empresas eléctricas del país", aludiendo a la denominada "puerta giratoria" que une a ciertos ministerios con las grandes corporaciones. Pero, su propuesta no tuvo demasiado eco en esa guarida vacía de contenido y plena de disciplina partidaria en la que se ha convertido el Parlamento Español.

Costes sin control
Es bien cierto que el funcionamiento del mercado eléctrico requiere de un previo e intenso estudio para formarse una opinión acerca del mismo y que muchos diputados no habrán tenido tiempo el suficiente para hacerlo. No seguiremos cargando las tintas sobre los representantes del pueblo y dejaremos que los expertos nos lo expliquen mejor. Al respecto, la economista Natalia Fabra ha invertido unas cuantas horas de su vida para echar luz sobre este enmarañado sistema.

La economista Natalia Fabra.
Para comenzar diremos que el precio de la energía producida varía diariamente. Este se conforma por la intersección de dos curvas, una de oferta y otra de demanda. La curva de oferta se construye a partir de los precios ofertados por cada una de las centrales de producción. Las más caras son las centrales de gas y fueloil, seguidas de las de ciclo combinado de gas natural, las de carbón, las nucleares y por último las renovables. El sistema establece que el coste variable de la última central que en cada momento sea necesaria para cubrir la demanda marcará el precio que recibirán todas las centrales con costes variables inferiores. Por ejemplo, si la última central es una central de ciclo combinado de gas, el precio de mercado reflejará lo que cuesta producir electricidad con gas. Y este mismo precio lo recibirán también las centrales nucleares o las centrales hidráulicas, a pesar de que no tengan nada que ver sus costes de producción de electricidad con los de una central de ciclo combinado de gas. Semejante desproporción en la fijación de los costes esconde buena parte de la tarifa desproporcionada de la electricidad local.

Natalia Fabra explica así el descalabro del mercado: "Con un precio único, unas centrales no cubren sus costes medios, y otras los cubren en exceso. En el mercado eléctrico, no hay una mano invisible que cuadre la ecuación y haga que los márgenes que obtiene cada central cubran o no excedan sus costes fijos. La única mano invisible posible sería la libertad de entrada y salida que haría, como en otros mercados, que el parque de generación se fuera ajustando de forma continua en respuesta a los cambios en las rentabilidades de unas u otras inversiones: las inversiones en las tecnologías sobre remuneradas se intensificarían hasta que se diluyera su sobre retribución, y las infra remuneradas saldrían del mercado para evitar pérdidas. Pero, esto, en el sector eléctrico, simplemente no es posible".

Central nuclear de Ascó.
Con la dificultad manifiesta para encontrar el precio justo que retribuya a todos los sectores de manera ecuánime, la regulación vigente está cargada de compensaciones y costes reconocidos que acaban engrosando la factura final del consumo. En este apartado de costes fijos, que representaba el 50% del precio final de la electricidad antes de la Ley Soria, se han relajado los controles. Fabra lo explica así: "las centrales nucleares e hidroeléctricas, instaladas antes del establecimiento del marco retributivo ahora vigente, han percibido a lo largo de su vida útil pagos regulados adicionales que les han permitido recuperar ampliamente y sin riesgo sus inversiones. Nos estamos refiriendo a los Costes de Transición a la Competencia (CTC), a los pagos por capacidad que reciben las centrales por estar disponibles, a las ayudas al carbón nacional o a los derechos de emisión de CO2 entregados gratuitamente a las empresas a pesar de que su valor lo reciben además vía precios de la electricidad, entre otros. De esta forma, los elevados beneficios que ciertas tecnologías han obtenido bajo el actual marco retributivo no han podido ser disputados por otros inversores y constituyen, por esta razón, beneficios de difícil justificación".

Los CTC citados fueron establecidos por el entonces ministro Josep María Piqué en 1997, antes de liberalizar el mercado. Estaba previsto que estas cargas sobre el precio final de la electricidad compensaran las posibles pérdidas a las centrales preexistentes ante el cambio de regulación. En 2001, el comisario italiano Mario Monti acusó a España de subvencionar a sus empresas eléctricas y obligó a Rodrigo Rato a modificar sutilmente aquel régimen. El pago de los mismos se extendió hasta 2006 con escándalo y quejas de Europa de por medio.  Analizados en perspectiva, los CTC han representado un millonario abuso de las grandes compañías del sector energético que ha contribuido de manera decisiva a crear el agujero negro del déficit tarifario, leit motiv de la reciente reforma de Soria.

El diputado del PP, Mario Flores Lanuza.
En los pagos regulados complementarios (primas, pagos por capacidad, incentivos a la inversión, a la disponibilidad, etc.), se ha ido buena parte de los sobreprecios de este ineficiente sistema, que recaen y recaerán sobre las pesadas mochilas de los consumidores finales. A propósito, no podemos dejar de citar al diputado alicantino del Partido Popular, Mario Flores Lanuza, que se encargó de defender a las eléctricas de UNESA cuando rechazó la propuesta de auditoría (en junio pasado) en el Congreso: "Los costes regulados en España son un 40% superiores al promedio de la Unión Europea. En 2006 fueron de 9.000 millones de euros y en 2012 de 18.000, justo el doble. Sin embargo la generación eléctrica fue muy similar en dichos períodos". ¿Con semejante defensa, quién necesita acusador?

Con su reforma, el ministro Soria refuerza estos costes regulados de manera ostensible, que subirán hasta un 77% en las facturas de los consumidores del sistema de Último Recurso (TUR), que representa el 80% del mercado total en España, la mayoría de los hogares. Tratándose del ejemplo más extremo que pueda encontrarse de socialización de pérdidas y privatización de beneficios.

En la dirección opuesta, el sistema alemán ha favorecido que casi un millón de tejados tengan sus instalaciones solares a pleno funcionamiento. El 45% de estas placas fotovoltaicas están destinadas al autoconsumo doméstico, el mismo modelo que el ministro Soria ha anulado con su Ley y que UNESA denuncia como un paraíso fiscal velado. En el país de la Merkel, se calcula que 370.000 empleos dependen de la generación de energías renovables

En nuestro país, el del sol que siempre brilla, una nueva Ley intenta asegurarse que esos empleos jamás se consoliden. ¿Será que el ministro Soria es tan discreto que ha preferido no inmiscuirse en los problemas de su colega Fátima Bañez? Todo puede ser para un funcionario que pretende gravar los rayos solares por Real Decreto Ley.

Placas fotovoltaicas para la generación de energía solar.
Som Energia
En la provincia de Girona funciona una cooperativa eléctrica que cuenta con 9708 socios y abastece actualmente a 7502 contratos de luz. Som Energia SCCL, con una inversión de poco más de 3 millones de euros, representa el nuevo perfil de productores eléctricos que podría descentralizar el mercado y bajar ostensiblemente los precios finales del consumo.

Varias granjas solares, una planta de biogas en construcción y un proyecto eólico conforman los planes a corto plazo de esta asociación creada en 2010 en los pasillos de la Universitat de Girona, basada en modelos de otros países europeos más avanzados en la generación y comercialización de energías renovables.

A propósito de las recientes modificaciones a la regulación, dialogamos con Marc Roselló Casas, miembro del equipo de la cooperativa y también, responsable de proyectos y servicios.

¿Por qué debería considerarse oligopolio a las empresas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa agrupadas en Unesa? 
Marc Roselló Casas: Principalmente por la concentración de poder que tienen. Actúan en las distintas fases del mercado eléctrico (producción, distribución y comercialización), con el consiguiente control de todo el proceso por su parte. Además tienen la mayoría de la red de distribución de electricidad de España (superior del 90%), gestionan más del 80% del consumo de energía y son propietarias de grandes centrales de generación.

Con ello constituyen una fuerza que condiciona las políticas energéticas que dependen de los gobiernos. Gracias a su presión constante, la política energética defiende más los intereses de estas cinco grandes empresas que el interés general o la búsqueda de un modelo más eficiente y democrático.

¿En líneas generales, cómo evalúas los cambios introducidos por la última reforma del ministro Soria? 
Marc Roselló Casas: La última reforma energética propuesta por el ministro Soria va encaminada claramente a mantener el actual status quo, caracterizado por la presencia de un oligopolio energético que no desea que el consumo se reduzca, que seamos más eficientes o que haya más renovables para no reducir sus enormes beneficios económicos.

Las medidas no incentivan el ahorro ni la eficiencia energética. Como podemos ver en el cambio de estructura de la tarifa eléctrica que da mayor peso a la parte fija y no al consumo. No quieren que bajen los ingresos por factura eléctrica. Van en contra de una mayor democracia y sostenibilidad, al plantear el freno del autoconsumo y la eliminación de las primas a las renovables. Y realmente no plantea una reforma del sistema para que este se adapte a una situación de reducción de la demanda, a la entrada de más renovable o de mayor eficiencia energética.

Sin duda, una orientación muy equivocada y peligrosa ante la situación mundial de aumento de las emisiones de CO2 y tensiones de suministro de los combustibles fósiles y nucleares. Una política energética anclada en el pasado y con ninguna visión de medio y largo plazo. Sólo persigue "salvar los muebles" de cinco grandes.

¿Consideras que el sector de las renovables es el más perjudicado por la citada reforma? 
Marc Roselló Casas: Sin duda el sector más afectado es el de las renovables. Se eliminan las primas garantizadas por el mismo Gobierno hace poco tiempo, se frenan las pequeñas instalaciones de autoconsumo y se siguen permitiendo pagos a nucleares, ciclos combinados o grandes hidráulicas.

Mientras se ataca a las renovables al considerarlas las culpables de todos los males del sistema cuando no se permite auditar sus costes reales y así poder atajar el déficit de tarifa sobre datos fiables y no sobre información poco transparente.

A escasos 6 años del límite para alcanzar los objetivos europeos denominados 20/20/20… ¿ven ajustada la última reforma al cumplimiento de los mismos? 
Marc Roselló Casas: La reforma no se plantea para respetar los objetivos europeos. Y si seguimos con esta política energética, sin duda, no los vamos a cumplir.


















Comentarios

  1. Mientras las grandes electricas sean agencias de colocación de ex-presidentes del gobierno, etc, etc, esto no cambia. Es una situación vergonzosa que se deberia parar.

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  2. Gracias, me ha parecido muy interesante el artículo.

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