La legislatura de Rajoy se esfumará dejando dos herencias pesadas al próximo gobierno. La ley LOMCE del ministro Wert que introduce controvertidos cambios en el área educativa, y la ley de Seguridad Ciudadana rebautizada como Ley Mordaza en honor a su marcado carácter restrictivo de las libertades individuales. Ambas normativas fueron aprobadas por el rodillo representado por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso. Siendo claros, ni un solo voto de los diputados de los otros partidos apoyó la sanción de estas sensibles leyes. Una circunstancia que refuerza la polémica suscitada alrededor de las mismas.
La respuesta de la oposición ante esta legislación sin concenso alguno también fue contundente. Más de 50 diputados del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Mordaza ante el Tribunal Constitucional, solicitud que fue admitida por esta instancia judicial. La casi totalidad de los opositores considera que esta norma mutila el derecho a la protesta, garantía fundamental en cualquier estado democrático. Diversas organizaciones no gubernamentales han coincidido con este diagnóstico, además de considerarse en la diana del inequívoco carácter represor de esta normativa. En contraposición, el ministro de justicia Rafael Catalá cree que su ley protegerá a los ciudadanos de los violentos. Declaraciones que han expandido el debate sobre la verdadera condición de la violencia. ¿Quién es más violento? ¿Un banco que embarga el piso de un par de ancianos sin cobertura social? o ¿un grupo de ciudadanos pacíficos y organizados que dificultan el accionar policial del mismo desahucio? El gobierno de Rajoy lo tiene muy claro y una vez más se ha puesto del lado del más poderoso, buscando reforzar con esta ley a los bancos acreedores.
¿Quién es más violento?
¿Un banco que embarga el piso de ancianos
o un grupo de ciudadanos pacíficos
que dificultan el accionar policial
del mismo desahucio?
El disenso ciudadano ahora queda claramente criminalizado por una ley tildada de chapuza por la comunidad judicial y que pronto podría ser desmontada por un nuevo Congreso.
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