..."Hemos hecho todo lo que hemos sido capaces de hacer contra la corrupción"... Mariano Rajoy
Acorralado por el avance judicial sobre el feudo corrupto de los populares valencianos, el presidente en funciones ha optado por ceder la iniciativa al candidato socialista Pedro Sánchez en el improbable intento de conseguir la investidura presidencial antes del 22 de este mes.
A su vez acosado por compañeros internos en el PSOE, Sánchez dispone de un margen poco aceptable si mira hacia la izquierda de Podemos y un tanto más confortable si gira hacia el centroderecha que apoya Juncker en Europa. Entre un gobierno progresista, como lo denomina Pablo Iglesias, y otro continuista o constitucional, Sánchez parece que estuviera actuando lo justo y necesario como para robar protagonismo a los demás y apuntarse así algo de apoyo en unas próximas elecciones que ahora mismo muchos vemos como inevitables.
Las aritméticas parlamentarias han dificultado la posible investidura presidencial de un gobierno de coalición o que sumara una mayoría estable. El PP se ha asegurado el control del Senado, por lo tanto guarda la llave de una reforma constitucional, un detalle nada desdeñable si tenemos en cuenta que el entuerto catalán sigue condicionando la política más inmediata.
Las posiciones de los cuatro partidos tras el 20D han tenido mucho más de instinto de supervivencia que de vocación por un programa político que libere a España del paro estructural del 20% o del enfrentamiento por el reparto fiscal. Así, Rajoy quiso imponer una fórmula en consonancia con los deseos de la Troika europea que encontró eco en Felipe González y posiblemente también en la andaluza Susana Díaz. Un tándem que no vería con malos ojos sacrificar la figura de Sánchez tras el mal resultado obtenido por el PSOE en los comicios. El presidente en funciones llegó a ofrecer ayudas en los municipios o autonomías gobernadas por el socialismo, desafiando toda lógica previa al 20D. Por su parte, Albert Rivera sabe que necesitará integrar cualquier próximo gobierno para sobrevivir en la opinión pública. Quedar fuera de una fórmula de coalición significaría una fuerte derrota para una agrupación que ha demostrado vocación de refuerzo del bipartidismo de la Transición, ahora amenazado por el auge de Podemos. La función de trípode de Ciudadanos ha facilitado la investidura en Madrid de Cristina Cifuentes y en Andalucía de Susana Díaz.
Probablemente este antecedente cercano en dos comunidades tan influyentes y tan opositoras al referendum catalán, se convierta en el principal obstáculo para que Sánchez obtenga el apoyo de Iglesias o la necesaria abstención de los partidos independentistas catalanes para su investidura.
La dispersión extrema del electorado ha dibujado un complejo mapa de tensión política con diferentes ejes que aparecen según el caso y la necesidad del momento. Así, populares y ciudadanos se podrían entender en política económica y laboral pero dificilmente lo harían en temas de corrupción o regeneración democrática. Algo similar sucedería entre socialistas y podemitas que comparten cierto anhelo por ayudar a las clases trabajadoras acosadas por la crisis pero no tanto en cuanto al futuro rol de las empresas energéticas o la política exterior del país. Menos todavía en la cuestión catalana que se asoma como un escollo insalvable. De esta manera, veremos que el eje que divide a la derecha de la izquierda ya no nos sirve para formar un nuevo gobierno estable.
La división entre los nuevos y los del bipartidismo tampoco funciona porque Ciudadanos y Podemos se repelen entre sí con energías similares. Así mismo, solo Felipe es un abierto partidario de sumar al PSOE en un nuevo proyecto encabezado por Rajoy.
Finalmente, el acuerdo entre socialistas y ciudadanos que facilitó la investidura del vasco Patxi Lópex como presidente del Congreso, no conseguiría los apoyos necesarios para convertirse en una fórmula presidencial porque los populares no votarían jamás la investidura de otro candidato que no fuera del propio partido. Su teoría de que la lista más votada debe gobernar, impediría este acuerdo extremo.
El único eje que podría ofrecer la gobernabilidad es aquel que convenciera a los independentistas de abstenerse porque el proyecto político garantizara la próxima celebración de un referendum. Podemos impulsa esta vía, pero ni Sánchez, ni Garzón de Izquierda Unida se ven seducidos por la ventana catalana. Para Sánchez significaría desafiar abiertamente al aparato electoral socialista, porque resulta imposible que los andaluces apoyen la independencia catalana, y como Garzón necesita diferenciarse en algo de Podemos, por pura supervivencia, es muy complicado que acepte este compromiso. Entonces, esta parece otra vía muerta.
La última y menos deseable de las opciones sería aquella que explora la posibilidad de instaurar un gobierno provisional, de corte tecnócrata, que buscaría detener la subida de la prima de riesgo en los parqués bursátiles, retomar la venta de bonos soberanos a precios ventajosos y continuar con el pago de la deuda sin rechistar. Eso sí, olvidándose de una reforma fiscal más justa, o de pactos territoriales, o de programas económicos que pudieran favorecer una nueva redistribución de la riqueza más equitativa para la mayoría. De esto, ni hablar.
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