ODEBRECHT. Corrupción continental


Sin entrar en temas jurídicos espinosos, Odebrecht es el nombre de un conglomerado empresarial brasileño dedicado a la construcción de grandes obras y la manufactura de productos químicos y petroquímicos, que lleva décadas consiguiendo la adjudicación de contratos públicos por casi todo el continente americano y africano. 

Hasta aquí, nada ilegal, salvo que a principios de 2016, el juez brasileño Sergio Moro emitió varias órdenes judiciales en contra de ejecutivos de la empresa por supuestos delitos de corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado de dinero. Este escándalo arrastró hasta el impeachment a la ahora expresidente Dilma Rousseff, que fue apartada de sus funciones en agosto pasado año para ser reemplazada por Michel Temer

Entre otras consecuencias por el caso centrado en unos contratos fraudulentos que involucraban a la estatal petrolera Petrobras, el empresario Marcelo Odebrecht recibió una condena de 19 años de prisión. Además las sospechas se extendieron a casi todos los políticos más encumbrados en Brasil, incluyendo a Lula da Silva. Sin embargo, las ramificaciones de la trama transnacional no acabaron allí, porque en diciembre pasado el Departamento de Justicia norteamericano publicó un exhaustivo informe de investigación donde detalla las prácticas sistemáticas de soborno que habría ejercido Odebrecht sobre funcionarios y altos cargos de los gobiernos de doce países diferentes: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y EEUU. 

El escándalo es mayúsculo y multimillonario, y ahora mismo acorrala al presidente brasileño Temer, que no ha dudado en reprimir con violencia a los manifestantes que piden su dimisión en las calles. Un Brasil militarizado y hundido en la depresión económica es el primer síntoma de esta trama corrupta arraigada en el poder político que ha tenido a Odebrecht como uno de sus ejes principales en Latinoamérica. 

Según los documentos disponibles en la investigación, la empresa habría abonado en concepto de sobornos a funcioncarios, unos 349 millones de dólares en Brasil, 11 en Colombia, 33 en Ecuador, 18 en Guatemala, 10 en México, 59 en Panamá, 29 en Perú, 92 en República Dominicana, 35 en Argentina y una cifra todavía por valorar en Venezuela. Vale aclarar que estos sobornos permitían obtener beneficios muy superiores a Odebrecht, casi siempre entre cinco y diez veces superiores a los pagos. 

Desde el enriquecimiento personal hasta la financiación de campañas políticas acabaron siendo el destino de este dinero sucio ahora investigado. En cuanto a la filiación partidista de los sobornados, la variedad es absoluta, un matiz que pone de manifiesto el profundo alcance del problema y la escasa capacidad de reacción que exhiben las instituciones en estos países ante las prácticas  corruptas o las tramas mafiosas mezcladas en las entrañas de las administraciones.

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