Escribe Marcelo Espiñeira.
..."Me resulta abominable pertenecer a la misma especie que ellos"...
José Sacristán
Tras la celebración de los Sanfermines de 2016, en Pamplona, la policía navarresa detuvo a cinco hombres jóvenes de origen sevillano, atendiendo la denuncia interpuesta por una joven madrileña tras haber sido supuestamente violada en el rellano de un edificio por estos sujetos. Los detalles posteriores que fueron descubriendo los medios de comunicación de alcance nacional sobre estos hechos, trasladaron a la opinión pública la triste leyenda de La Manada, tal el nombre de un grupo de Whatsapp donde los ahora acusados compartían videos y detalles muy explícitos de sus aventuras sexuales.
A casi dos años de aquella fatídica noche para la víctima, la Audiencia Provincial de Navarra emitió en abril pasado un polémico veredicto, con el que exime del delito de agresión sexual a los reos para condenarlos tan sólo por abuso.
La condena de nueve años recibida por los acusados se ajusta al carácter que el fallo de los jueces ha otorgado a los acontecimientos. El citado fallo admite que existió “preeminencia” de los agresores sobre la víctima, que adoptó una “actitud de sometimiento y pasividad” ante el ataque sufrido. Pero, según aprecia la sentencia, no se pudo probar la existencia de “violencia explícita, ni intimidación real” hacia la víctima del incidente.
Es decir, que como no quedaron registrados empujones ni golpes de los integrantes de La Manada sobre la denunciante, entonces jamás existió la violación grupal denunciada por la joven, a la vista de los jueces.
En otros casos en que los detalles hubieran trascendido menos, una sentencia de este tipo probablemente no habría despertado las profundas muestras de indignación que han podido apreciarse en diversas manifestaciones espontáneas, en declaraciones públicas o en opiniones expresadas en las redes sociales tras la sentencia de la Audiencia navarresa. Pero, no era este el caso y los jueces debieron haberlo tenido más en cuenta.
No se trata de enjuiciar la actuación de la propia justicia en un estado democrático, cuyo accionar -independiente del resto de poderes- debería estar garantizado siempre. Sí en cambio, de ejercer el derecho ciudadano a controlar que los fallos del sistema judicial se ajusten a la preservación de unas mínimas normas de convivencia. Es decir, que nos asiste el justo derecho a creer que el hecho de eximir de buena parte de su culpabilidad a los integrantes de La Manada, o poner en entredicho el posible consentimiento de la víctima durante el proceso judicial, nos ha sonado a una conducta propia de un machismo recalcitrante por parte de los jueces implicados en este caso.
Peor aún si tomamos en cuenta el voto particular del juez interviniente en la causa, Ricardo González, que absuelve a los acusados luego de interpretar que en los videos interceptados por la policía a La Manada, sólo se practicaba sexo consentido “en un ambiente de jolgorio y regocijo”. Poniendo así de relieve el grado de indefensión que una mujer agredida sexualmente en la vía pública puede encontrarse en la justicia española.
Las razones que han llevado a este juez a emitir semejantes justificaciones del caso son un misterio. Podría especularse mucho, más teniendo en cuenta que uno de los acusados es Guardia Civil y otro soldado del ejército. Pero no seguiremos por este camino que solo nos conduciría a torpes especulaciones. Más bien optaremos por creer que el citado juez tiene una interpretación personal del sexo consentido un tanto “singular”, como parece haber querido insinuar el mismo ministro de justicia, Rafael Catalá Polo, ante la crisis sufrida por el fallo.
La sentencia de La Manada y las argumentaciones de la misma no son motivo para dejarnos indiferentes. En el plano personal, la considero un auténtico insulto hacia aquellos que nos relacionamos desde el respeto con los demás. Sin tener en cuenta géneros ni edades. Todos los indicios de lo sucedido aquella noche en Pamplona nos indican que aquello fue un despropósito bastante grande como para saldarlo con una sentencia leve como esta.
No estamos tampoco aquí para emitir juicios espontáneos sobre conducta sexual alguna, aunque todos sepamos que existen límites que no deberían traspasarse jamás en nuestras sociedades civilizadas. Y en este sentido, no estaría de más introducir algunos elementos al debate que se ha abierto tras el caso. Porque si de conductas sexuales extremas se trata, con las connotaciones particulares que ha tenido la de La Manada, habría que comenzar a preguntarse seriamente sobre la educación sexual que están recibiendo los jóvenes en España o justamente la ausencia de ella. Una cuestión que algunos profesionales han comenzado a estudiar para confirmar importantes carencias en este ámbito. Según estos informes, una notable mayoría entre los jóvenes consultados no se sentiría conforme con la educación sexual recibida en los centros educativos, a la que juzgan insuficiente, así como también admiten el acceso habitual a contenidos pornográficos, a través de internet, como fuente básica de información al respecto.
Psicólogos y psiquiatras eligen no emitir un juicio tajante respecto a esta situación, aunque insinúan que cuando la pornografía se convierte en la única fuente de información disponible entre los adolescentes, esta podría favorecer la formación de valores distorsionados respecto a las relaciones sexuales y sobre todo respecto a las relaciones amorosas. El enaltecimiento de ciertos mitos y la normalización de conductas agresivas podrían ser parte de un proceso de aprendizaje poco conveniente.
Si los integrantes de La Manada actuaban como auténticos depredadores sexuales por las calles de sus pueblos o en viajes organizados, y si un juez luego observa “jolgorio y regocijo” en los videos explícitos captados por las cámaras de sus teléfonos móviles, pues entonces es bastante probable que tengamos un grave problema entre nosotros.
Resabios de un machismo institucional histórico, dudas sobre el sano funcionamiento de la justicia, y sospechas sobre una educación sexual deficiente se entrecruzan en el caso de La Manada. El resultado es el escándalo mediático, un delito tremendamente reprobable encuentra castigo insuficiente y una buena parte de los ciudadanos claman por justicia. No es el mejor de los escenarios, pero debería ser tomado como el comienzo de un cambio que pueda traducirse en cierta evolución general.
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| Juez Ricardo González. |
No será la primera vez que nos quejemos del papel que desempeña España en el contexto europeo. Por algo en el Parlamento de la Unión se trató el tema de la sentencia a La Manada, a pedido de los europarlamentarios de la izquierda, y obtuvo unanimidad respecto a la obligación de los estados miembros de cumplir los tratados internacionales que establecen claramente los delitos sexuales. Una violación debería ser igual para el Código Penal francés que para el español. Pero aún estamos lejos de esto, lo cual indica a las claras el largo camino que nos queda por recorrer en este país.
No será cuestión de mezclarlo todo ahora, pero debo compartir las palabras lúcidas de don José Sacristán, cuando en una entrevista para La Sexta señalara creer que “no son ellos solos” porque “La Manada está muy nutrida”. El veterano actor algo ha vivido y su sospecha no parece infundada. En España existen algunas confusiones importantes, una llamativa crisis de valores, y una juventud con muy pocas oportunidades. Son cuestiones que saltan a la vista, aunque el día a día nos imponga preocupaciones de otro tenor.
Es de esperar que nos tomemos muy en serio el incidente de Pamplona y trabajemos desde hoy en la identificación de las causas de la existencia de La Manada y del voto particular “singular” que sólo encuentra “regocijo”.
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