Los contratos hipotecarios están asfixiando a una enorme proporción de los ciudadanos de este país. Situación concluyente e inapelable que no amaga con menguar, mientras nuestros parlamentarios se mantengan en la inacción más flagrante.
Una entrevista de
Marcelo Espiñeira.
Desde la P.A.H. de Barcelona no exhiben un ímpetu crítico desmedido hacia las instituciones democráticas. Más bien todo lo contrario, aún confían en que una decisión política terminará destrabando el patético destino de casi 500.000 familias españolas.
Así me confiesa Lucía, portavoz de la agrupación
que se iniciara en febrero de 2009 como un grupo de asesoría jurídica para ciudadanos que habían incurrido en impagos de sus contratos hipotecarios.
Con una admirable voluntad solidaria, este pequeño grupo de abogados y juristas, comenzó a reunirse en la ciudad de Barcelona con la intención de atender casos cada vez más extremos. Siempre con la clara premisa de hallar soluciones negociadas entre las entidades bancarias acreedoras y desesperados deudores que veían como les resultaba imposible asumir los costes de las letras firmadas en los años de bonanza económica.
Una mesa de negociación, a todas luces desigual, que enfrenta al día de hoy a varias decenas de miles de ciudadanos contra bancos que pretenden seguir lucrando con estas operaciones mediante nuevos créditos.
Dación en pago
Desde la P.A.H. tienen claro que continuar endeudándose, es un camino sin retorno para los afectados por la crisis. Por eso es que han comenzado campañas en pro de una figura jurídica inexistente en España, y de lo más habitual en EEUU o Inglaterra. La “dación en pago” o lo que sería lo mismo que pagar la deuda contraída devolviendo la vivienda al banco hipotecario.
Una idea que según ha denunciado un artículo del periódico “El Público” recientemente, no cuajaría entre los diputados y senadores del PSOE y el PP. Quienes curiosamente estarían desatendiendo la desgracia de practicamente dos millones de ciudadanos, es decir, casi el 5% de la población del país.
En solo cuatro años, desde 2007 hasta la fecha, el Consejo Superior de Justicia ha recibido trámites por 500.000 ejecuciones por impago de hipotecas. Una tendencia al alza en el marco de la deporable situación económica.
¿Qué otras razones son tan importantes como para no atender este problema? Podríamos especular muchísimo al respecto. Pero, desde las P.A.H. entienden que la connivencia entre poder político e intereses financieros de los grandes banqueros es evidente.
Gran decepción
El último debate parlamentario del estado de la Nación, dejó bien claro que los supuestos esfuerzos del gobierno de Zapatero en busca de una solución a este drama colectivo son insuficientes. Dicho esto, sin pensar mal.
El anuncio del aumento de la cantidad inembargable en caso de deudas hipotecarias es como pretender tapar con tiritas una fractura expuesta. El PSOE aprobó con el apoyo del PNV y CIU, estas iniciativas de contención para los más necesitados. Medidas que están muy alejadas de contemplar soluciones de gran calado a un sector que las necesita. Y además no evidencian voluntad política alguna en la dirección de la dación en pago.
Para colmo, un dudoso partido “ecopacifista” valenciano se ocupó de manera astuta de presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso, antes que lo pudieran hacer los equipos legales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Grupo que ya venía trabajando en un texto serio junto a los sindicalistas de UGT y CCOO, y algunos parlamentarios de ERC, ICV, IU y BNG.
La astucia radicó en anular cualquier intento de las P.A.H., ya que el Congreso no admite dos Iniciativas Legislativas Populares diferentes sobre una misma cuestión. El periódico “Público” además denunció que este pseudo partido “ecopacifista” está integrado por sólo 300 militantes, muchos de ellos con conexiones comprobables con promotores inmobiliarios valencianos. Lo que corroboraría la teoría conspirativa al esfuerzo de Afectados por la Hipoteca.
Stop desahucios
Esta investigación pone al descubierto la contraofensiva del sector inmobiliario, que ve en la dación en pago un enorme fantasma que podría acabar con la especulación de años.
Lo cierto es que a las asambleas públicas de P.A.H. asisten cientos de personas al borde del colapso nervioso o ya instalados en la enfermedad. El desahucio es el verdadero fantasma en esta historia cruel.
Lucía me explica que cuando “un ciudadano incurre en seis impagos con su entidad bancaria, ésta generalmente inicia un proceso de ejecución de la vivienda hipotecada”. Un proceso doloroso, en el cual ningún abogado puede hacer mucho por detenerlo, y que acaba con la subasta del inmueble. La cual tampoco solucionará los problemas del antiguo dueño, porque en el 92% de los casos queda desierta, debido a la escasez de compradores que ahora caracteriza al mercado.
La ley actual prevé que los bancos se adjudiquen las casas por el 50% de su valor hipotecado. Por lo tanto, la otra mitad queda pendiente de pago para el ciudadano desahuciado, sumada a las costas del proceso judicial. En definitiva, el deudor se queda sin su hogar, con una deuda gigantesca, inhabilitado en el mercado financiero y generalmente en el paro. Situación evitable que lo arrastra a la pobreza extrema en la mayoría de los casos.
Notablemente sensibilizados con estas auténticas víctimas de un sistema insostenible, las P.A.H. han protagonizado más de cuarenta acciones pacíficas contra los procesos de desahucio. Siguiendo un estricto protocolo que jamás incluye el uso de la fuerza, intentan reunir un abultado grupo de voluntarios que obstruya el paso a los funcionarios judiciales que habitualmente practican los desalojos en los inmuebles.
Estos casos extremos se practican para forzar al banco a recapacitar en la negociación o para presionar una salida alternativa. Muchos de estos condenados al desahucio son personas con problemas gravísimos, que han sufrido accidentes importantes, o que cargan con personas con dependencia. Y que seguramente estarían en condiciones de pagar una cantidad normal en concepto de alquiler, pero que no pueden seguir asumiendo el alto coste de las cuotas de sus hipotecas.
Por estas razones, Afectados por la Hipoteca induce a las entidades financieras a encontrar un trato más humanitario en la resolución de estas contiendas jurídicas. La acción de parar un desalojo no conlleva una actitud agresiva, por el contrario, es un urgente pedido de revisión de las condiciones contractuales que han hundido en la pobreza a tanta gente que creyó en el comercial que les vendiera un piso hace cuatro o cinco años atrás.
Costos a asumir
“Si la entidad financiera no nos escucha y no nos ofrece una solución real para los desalojados, debemos apelar a los Ayuntamientos”, Lucía me comenta que muchas veces han debido recurrir a la Administración Pública para conseguir un realojamiento digno para muchas familias desahuciadas. Un costo que si se multiplicara, dificilmente podría seguir siendo una solución viable.
No hace falta ser un ilustrado para darse cuenta que demasiadas personas en este país se hallan en un peligroso callejón financiero sin salida. Con una deuda inasumible e injusta en muchos casos.
Se hace cada vez más necesaria una solución de tono político al tema. Y alguien dentro del PSOE y el PP deberá enfrentarse a los grandes beneficiados de la burbuja inmobiliaria. Está en juego la dignidad de buena parte de la población, sus ilusiones más básicas, su salud, y su crédito en cualquier tiempo parecido al futuro. Si este pequeño grupo de valientes se ha animado a defenderlos, ¿por qué no hacen lo mismo nuestros políticos?
Plat. Afectados por la Hipoteca de BCN,
organiza asambleas públicas con asesoría gratuita.
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