En 2009 pasó fugazmente por Barcelona el periodista canadiense Terry Gould presentando un libro de su autoría en el que pone de manifiesto los peligros extremos que conllevan ejercer el noble oficio del periodismo en países como Colombia, Iraq, Filipinas, Rusia o Bangladesh. En “Matar a un periodista”, el autor narra al detalle la vida de siete profesionales que mueren a manos de las mafias o la policía en Estados poco democráticos y sociedades demasiado permisivas con dicha situación.
Estos límites de degradación no han llegado a nuestro país aún. Pero es cierto que en los últimos años el deterioro general de los espacios de comunicación legítimos y el descenso pronunciado registrado en las condiciones de trabajo, no nos hacen presagiar nada bueno para el futuro más inmediato de esta profesión.
Si nos preguntamos por qué los medios han bajado notoriamente su calidad profesional, seguramente apuntaremos apresuradamente a la irrupción de internet y el reino de lo gratuito. Sin embargo, esta cuestión tan debatida en años recientes no explica por sí sola el problema, porque no todo se resuelve con dinero en estos aspectos.
El tema de la financiación de los medios es de una sensibilidad importante, decisiva en cuanto a su mera existencia. En este país, como en todos los demás, existen medios con tendencias políticas de izquierda, de derecha, de centro, más moderadas, menos moderadas, liberales, etc. La ideología es algo intrínseco a esta actividad. Lo realmente cuestionable es cuando un partido político determinado está fehacientemente implicado en la financiación de algún medio. En esta situación, la libertad de información se ve seriamente cercenada y lo ideológico se transforma en tendencioso.
La independencia informativa en España se paga caro, hay que decirlo. Valga de ejemplo reciente, la estocada fatal recibida por una publicación humilde pero digna, editada en la provincia de Girona. La revista “Café amb llet” inició una investigación periodística sobre un supuesto fraude millonario en el sistema público de salud de la región. Los artículos publicados llevaron finalmente ante la justicia a varios funcionarios de un consorcio mixto (público-privado) del área de la sanidad. Pese a que todavía no se haya resuelto este caso, Josep María Via, uno de los perjudicados por la investigación de Café amb llet no dudó en demandar a la revista por vulneración de su honor. Encontrando eco en el tribunal que ha condenado a Albano Dante y Marta Sibina (editores y únicos trabajadores de la publicación) al pago de 10.000 euros al supuesto injuriado. Lo que supondría una bancarrota personal, además del cierre del emprendimiento periodístico.
Un simple hecho de estas características tiene un doble mensaje clarísimo. La connivencia entre el poder político y el fraude organizado tiene una infinita potencia ante el humilde intento del periodismo que persigue la verdad en tiempos de escandalosos desfalcos masivos.
La sutileza de la respuesta en este caso se ampara en el corporativismo manifiesto que rige en estas tierras. Para un juez siempre resultará más sencillo fallar contra dos crédulos que sueñan con derribar molinos de viento, que intentar desactivar una trama corrupta que salpica a los vecinos más ilustres de su propia ciudad.
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| Eugeni Sallent, antes en RAC1, ahora en TV3. |
Casos como el citado abundan. La Federación de Sindicatos de Periodistas colecciona denuncias de censura interna en los departamentos informativos de las televisiones autonómicas. La última registrada deja en evidencia a Eugeni Sallent, director de TV3, quien accedió a las llamadas insistentes desde CatalunyaCaixa solicitando explícitamente que no se emitiesen las imágenes de la ocupación de una de sus sedes por activistas de la Plataforma Afectados por la Hipoteca. Por la mañana, la TV3 emitió las imágenes, pero en la tarde ya no, atendiendo al pedido expreso de la dirección del canal y de la citada entidad bancaria.
Pero la manipulación informativa en su más pura expresión no es patrimonio exclusivo de este territorio. En la capital española, han abierto las compuertas a todos los fantasmas olvidados del franquismo a partir de la histórica manifestación de la Diada. El nivel de ridículo es tan elevado en las tertulias de Intereconomía o Telemadrid, donde algunos seudoperiodistas e invitados se asemejan a una jauría hambrienta de galgos flacos que persigue una codorniz rolliza. Llegando a manifestar incluso la más clara irresponsabilidad en cuestiones como una supuesta intervención militar en Catalunya. Penoso espectáculo que en algunos casos nos cuesta millones de euros aportados por nuestros impuestos.
De este peligroso cruce entre la intencionalidad política más vil y la escasa ética profesional se nutren demasiadas producciones periodísticas del momento, tanto en televisión como en la radio o la prensa escrita.
La responsabilidad que los periodistas envueltos en este circo detentan es igual o mayor a la que tienen los que les dan de comer. En este sentido he de destacar la valiente actitud de periodistas griegos que hace días atrás han perdido su empleo por publicar una lista del FMI con los principales defraudadores al fisco en su país. La llamada “lista Lagarde” contiene un pormenorizado fichero con los datos de más de 2000 griegos que tienen fuertes sumas de dinero depositadas en la banca suiza. Una lista que también incluiría a otros 3000 españoles con depósitos superiores a los 8.500 millones de euros en aquel paraíso fiscal.
Este tipo de información tan delicada pone a prueba el sentido básico de cualquier servicio informativo estatal. ¿Para qué sirve el telediario de la RTVE? ¿Para informar al ciudadano libre o para adoctrinarlo lo mejor posible? Cuando removieron a Ana Pastor de los Desayunos de la 1 quedó bien clara la respuesta. Lo mismo ha sucedido en la TV3 con la remoción de Mónica Terribas.
El periodismo bien entendido es un arduo oficio en los tiempos revueltos que nos tocan vivir.
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| La periodista Ana Pastor, víctima del matrimonio entre el poder político y los medios públicos. |
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