A tres años de gobierno del PP, ya no parece exceso alguno afirmar que sobre su gestión ha planeado el fantasma del rancio autoritarismo heredado del pasado franquista. Divorciadas de la nueva gobernanza, buena parte de las medidas adoptadas ponen la tilde en la maximización de la utilidad y en la simplificación de los problemas públicos reduciéndolos a objeto de estudio por parte de expertos pero obviando la participación de otros actores políticos y olvidado el derecho que les asiste en el diseño y toma de decisiones públicas. Desde las disputas por los nacionalismos, pasando por la controversial ley del aborto, el ejecutivo exhibe su enorme cuota de caciquismo propiciada por la mayoría de que dispone en el congreso. El Parlamento es escenario donde ya no solo se ventilan estas "vergüenzas", también cunde el fuerte olor a naftalina de anacrónicas y aterradoras propuestas de ley que solo bajo estas condiciones pueden emerger y que atentan contra las libertades, encolerizando a los enemigos naturales y a la ciudadanía en general. La modificación de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana es uno de los más recientes golpes bajos de este tren ejecutivo.
En esta propuesta normativa, a la contradicción estructural que padece la democracia al confrontar derechos humanos con seguridad, se suma un uso inadecuado de conceptos a los que alude el Estado para normar el comportamiento de la ciudadanía.
El Estado por un lado debe ser garante de la seguridad y por el otro, ha de preservar los derechos y libertades individuales. Las democracias modernas parecen condenadas a moverse siempre en un terreno delimitado por esta paradoja, un perpetuo afán por lograr la conciliación que se entiende imposible. Un pretendido equilibrio de fuerzas, en el que la Constitución es el principal aval del que dispone el gobierno a fin de cumplir tales mandatos fundamentales para la convivencia ciudadana.
De manera reiterativa se alude a la convicción de que todo el poder parte del pueblo pero "esa mayoría de gaviotas en el parlamento" es capaz de silenciar a otros actores. Sin olvidar que a su vez expertos juristas (carentes de legitimación democrática) son capaces de imponer su voluntad desde criterios técnicos y anular decisiones del legislativo (elegido democraticamente). ¿Cómo puede ser compatible el principio de la soberanía popular con el principio del Estado de Derecho?
Toda política pública basada en derechos habrá de considerar sin excepción los principales valores que emanan de la Declaración Universal de los DDHH y de los textos declarativos posteriores que recogen el principio de la dignidad, la no discriminación y el de la sociedad democrática.
La construcción de cualquiera sea la política pública sobre Seguridad Ciudadana habría de tomar en cuenta estos estándares como guía y límite infranqueable para acotar las intervenciones del Estado, al tiempo que posibiliten que la concreción de estos derechos en los planos operativo y normativo, en las prácticas de las instituciones y de los agentes estatales, a efectos de que el Estado sea capaz de salvaguardar la protección y garantías reconocidas internacionalmente.
Pero tras la modificación de la Ley Ciudadana parece esconderse la invocación de una retrógrada norma en franco atentado contra el sistema democrático de derechos. El contrasentido queda en evidencia cuando el concepto de "orden público" -vestigio franquista fundado en la necesidad de controlar las calles- ahora redefinido, pareciera inspirar el emergente concepto de protección ciudadana. Así las cosas, en el nombre de un Estado democrático la nueva norma ampara el uso de cierta violencia, propia de los estados autoritarios. En nombre del bien común quedan prohibidas manifestaciones y hasta simples reuniones en las proximidades a edificios públicos y sedes de los diversos órganos del Estado, lugar donde justamente los ciudadanos persiguen la visibilidad de su descontento. Para la disolución de estas protestas no es preciso acreditar orden alguna y quedaría permitido sancionar a los asistentes de concentraciones no comunicadas violando la libertad de manifestación o expresión. El proyecto de Ley ampara de igual modo redadas preventivas y capítulo aparte merece el intento de legitimar las "expulsiones en caliente" en la frontera (Ceuta y Melilla), contraviniendo el ordenamiento jurídico al resultar contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional, al tiempo que supone delito penal, según esgrimen expertos, para todo aquel que ordene, ejecute o consienta dichas prácticas.
..."los gobiernos que cercenan las aspiraciones de los ciudadanos, que corruptos pervierten la confianza depositada, los que roban, oprimen o vulneran la libertad de expresión y los DDHH,
no podrán escapar del juicio de la ciudadanía"...
Plagada de imprecisiones y conceptos vagos, deja a discrecionalidad del Gobierno y a la arbitrariedad de los cuerpos de policía su interpretación en buena parte del texto. Su clara indeterminación arroja a los ciudadanos a la más absoluta inseguridad jurídica en aras de las apreciaciones que pudiere hacer cualquier autoridad.
Pero nada responde a la casualidad. La propuesta del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz es claramente una herramienta coactiva hecha a medida para inmovilizar el descontento, sitiar la disconformidad e inducir al temor. Es también patente demostración de que, en este país la autoridad pierde legitimidad a paso redoblado y transita peligrosamente difusas fronteras ajenas a la democracia con pasmosa frescura. Es inconcebible que en una sociedad moderna este atavismo prospere hasta retroceder a trasnochadas formas de gobernar.
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| Este es el tipo de imágenes que la nueva Ley Mordaza pretende censurar o multar con fuertes sumas de dinero |
A la paradoja que definimos como intrínseca al modelo democrático de nuestros tiempos, sobreviene una dañina tarea de simplificación de los problemas por parte de los actores públicos, una cuadratura de agenda que responde a intereses sectoriales más que al interés colectivo, y supone con ello una poda en los objetivos a alcanzar para mejorar el estado de las cosas. Doña eficacia y Doña eficiencia, asiduas de la gestión tecnocrática imperante, se pavonean como aval de excelencia dejando de costado otros asuntos fundamentales.
En definitiva, una política pública sobre seguridad ciudadana con enfoque de DDHH ha de ser aquella que incorpore el desarrollo de acciones simultáneas en tres áreas estratégicas e integrales: el área institucional, el área normativa y el área preventiva respondiendo al requerimiento de una visión poliédrica en la tarea de abordar un tema en abundancia complejo, como compleja es la sociedad moderna. Ha de permitir la participación activa de diversos sectores en su diseño y finalmente, ha de garantizar que la potestad legada a los cuerpos de seguridad, en coherencia con este precepto, esté limitada y definida en términos precisos a modo de impedir la instauración de arbitrariedades e interpretaciones acomodaticias de los principios jurídicos indeterminados, que pudiera hacer cualquier administración.
La iniciativa del ejecutivo resulta absolutamente contraria a lo que se entiende por idónea. Pese a que el proyecto de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana hubo de ser pasado por el tamiz debido a múltiples desacuerdos expresados por actores sociales y órganos consultivos (Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos), finalmente fue aprobado en Consejo de Ministros en julio pasado, teniendo muy poco o nada en cuenta las consideraciones hechas por la mayoría de sus opositores. Como de costumbre, el Ministerio de Interior se empeñó en demostrar que había atendido a las demandas de otros sectores dando participación incluso a organizaciones sociales como Amnistía Internacional, Intermon-Oxfam y Greenpeace, pese a ello todos continúan reclamando que se trató de un simple teatro.
Esta obcecada forma de proceder revela una dudosa transparencia y la terrible incapacidad de este gobierno para gestionar las interacciones necesarias en la toma de decisiones en contextos de alta complejidad. En un escenario donde la ciudadanía empoderada ha ganado consciencia del derecho que le asiste en esta materia, la actitud del ejecutivo no deja de ser una profunda torpeza al insistir en su "Complejo de Dios" para mover las líneas de esos mismos derechos, indiscutibles e invulnerables, a antojo del propio guion. Fuertemente cuestionada, este precepto tal y como lo concibe la bancada del PP, ahonda en la frustración de expectativas y en la disconformidad colectiva augurando escenarios de tensión y desobediencia civil tras su implementación.
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| Otra acción ciudadana que la nueva ley persigue: intentar frenar un desahucio de vivienda |
Más temprano que tarde, los gobiernos que cercenan las aspiraciones de los ciudadanos, que corruptos pervierten la confianza depositada, los que roban, oprimen o vulneran la libertad de expresión y los DDHH, también aquellos que toleran tales males, no podrán escapar del juicio de la propia gente y en el mejor de los casos, serán atajados en sus aspiraciones por la mano de la justicia internacional.
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