..."Los ciudadanos han hablado y han depositado su confianza mayoritaria en el PP"...
María Dolores de Cospedal
El resultado electoral de las municipales ha sido muy malo para un gobierno que presume de haber sacado al país de la crisis o de haberlo situado en la senda de la recuperación económica. El exceso de maquillaje del tipo macroeconómico, basado en un aumento apresurado de la inversión en obra pública o en la incorporación al PIB de las oscuras cuentas de actividades ilícitas (+1%), no alcanzaron para retener mayorías absolutas en feudos castigados por una corrupción política endémica, como Madrid, Valencia o Baleares.
Las estadísticas del empleo mejoran a un ritmo lento e insuficiente como para paliar una miseria que ni Zapatero, ni Rajoy han sabido contener. Una desgracia ciudadana que el actual presidente dejó extender en beneficio de entidades bancarias rescatadas con palas de dinero público que algún día quizás deberán pagar nuestros biznietos. Porque la “recuperación” de Rajoy aumenta la deuda soberana a paso continuo, desprotege a dos millones de hogares y premia siempre a los que más tienen: multinacionales con excenciones impositivas dignas de un país sin problemas de cohesión social.
Nadie puede saber el por qué exacto de la gran debacle electoral sufrida por los populares el 24M. Pero todos sabemos que este gobierno no ha acertado, ni acierta en el diagnóstico del paciente. O que los problemas importantes se siguen acumulando bajo una alfombra donde se barren las disputas territoriales, los desacuerdos en estrategias de estado y los diseños del futuro económico-social de un país. Ahora mismo, la única certeza es que este monumental despropósito político ya se ha agotado. Este particular rodillo que ha aplastado derechos ciudadanos, que se ha reído de las opiniones diferentes y que fundamentalmente no ha respetado el esfuerzo y sufrimiento de la mayoría, pues ha llegado a su final, luego de sufrir el rechazo representado por el 73% de los votos escrutados en las recientes elecciones municipales y autonómicas.
La mayoría absoluta del PP nos ha hecho perder un tiempo valioso. Durante estos últimos tres años hemos retrocedido en muchos aspectos como sociedad. El crucial tema del desempleo se ha intentado remediar con una precarización notable, capaz de rozar la neoesclavitud en algunos casos e imponiendo la idea de que la competitividad de las empresas siempre se apoya en la pérdida de derechos individuales de los trabajadores, como si se tratara de un credo indiscutible. Lamentablemente, este proyecto político encuentra eco en algunos sectores clave para cualquier sociedad. En este sentido, la figura del presidente de la CEOE resume muy bien este ideario en sus esporádicas apariciones públicas, cuando pide echar más fuego sobre el incendio. “Si la sanidad y la educación estuvieran gestionadas por empresarios se harían mejor las cosas" dijo Joan Rosell días antes de los comicios, sin que se le despeinara demasiado su cabellera rizada de cincuentón con aires de juventud perdida. “Una de las claves de por qué se ha disparado el paro hasta el 25% es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Un millón de amas de casa se han apuntado al paro para cobrar algún subsidio" suscribía también este erudito en 2014.
Pero, antes que nada, hagamos un ejercicio intelectual indispensable al respecto. Intentad imaginaros a un hogar integrado por un matrimonio que ingresa 650€ mensuales (que según Rosell es una suma suficiente para vivir), y que tiene un único hijo. Supongamos que por esas casualidades o imprevistos inherentes a nuestra existencia, algún miembro de esta reducida familia tipo sufriera una enfermedad que debe ser atendida por médicos u hospitales de una hipotética sanidad privada que fuese la única opción. Imaginaos también que este niño no tenga la oportunidad de asistir a un centro educativo estatal y que tuviera irremediablemente que pagar una cuota para escolarizarse en una escuela privada. Imaginaos además que los padres no consigan alguna vez pagar el alquiler de su casa, y que fueran desahuciados de manera fulminante por una legislación ultraliberal a tono con esa magnífica sociedad que desea Juan Rosell de la CEOE, donde la propiedad privada lo sea todo. Imaginaos que vuestros derechos básicos estuvieran únicamente en manos de empresarios muy hábiles para salvaguardar sus intereses de lucro particular. Imaginaos que el mercado regule todos y cada uno de los aspectos esenciales que conforman una sociedad moderna.
Si nos disculpa señor Rosell, muchos creemos que el sistema que usted se afana en promocionar cuando la oportunidad se lo permite, ya fue experimentado algunos siglos antes por nuestra civilización. Una forma de dudosa convivencia social que los historiadores han coincidido en reseñar como el período feudal, un tiempo enmarcado en la superada y oscura Edad Media. Para aclararnos, el feudalismo fue un sistema caracterizado por la descentralización del poder político; al basarse en la difusión del poder desde la cúspide (donde en teoría se encontraban el emperador o los reyes) hacia la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva con gran autonomía o independencia por una aristocracia, llamada nobleza. Así podríamos concluir que no sólo el peinado de Rosell es nostálgico de otros tiempos, también lo son algunas de sus ideas.
Sin ánimo de mezclar rotundamente a Rajoy con los exabruptos del presidente de la CEOE, es cierto que algunos ministros de su gobierno también enarbolan ciertos valores arcaicos. La represión político ciudadana de Fernández Díaz, el discurso patriótico monolítico de Wert o el uso discrecional de la persecución fiscal por parte de Montoro reproducen semblanzas de un pasado poco conciliador con ideas progresistas o la construcción de una sociedad donde la justicia sea una prioridad.
Ante la evidencia del delito que anida en las entrañas de su misma agrupación política, el presidente español se ha limitado a negar todo, escudándose en un supuesto cheque en blanco que le habría otorgado la mayoría parlamentaria en 2011. Ante el reclamo callejero por las calamidades sufridas, su gobierno eligió multar individualmente a los manifestantes y ajustar una legislación a medida para que toda oposición político ciudadana sea considerada cuasi delictiva. El avance sobre toda idea contraria ha sido ejercido desde la alcancía, negando inversión pública en aquellas autonomías donde el PP no reinaba y favoreciéndola en sus feudos. Un tímido atisbo de justicia social fue esbozado en las medidas de neto corte electoral que los arquitectos de Rajoy reservaron para enero de este año. Recortes en el IRPF para los exhaustos supervivientes del régimen de Autónomos, facilidades fiscales para las pymes que contratasen empleados o algunas pequeñas ayudas para aquellos desempleados que reunieran todas las condiciones descritas en una larga lista. Pero, quién podría confiar ahora en un gobernante que ha dado palos durante tres largos años y luego intenta recuperar la confianza perdida de sus castigados justo tres meses antes de los comicios. Misión imposible, al menos por el nivel de caída que han sufrido algo más del 30% de los ciudadanos españoles.
Para colmo, los días previos al comicio, los asesores de Rajoy eligieron pasear la imagen de un “estadista” que se reía de sus críticos y se jactaba de sus mágicos logros. Fatal, los populares no pudieron hacerlo peor y si no fuera por algunos afortunados factores exógenos, como la histórica bajada del precio del crudo, la inestabilidad política mediterránea que ha favorecido el auge del turismo local o los tipos de interés negativo para la subasta de los títulos de la deuda soberana... pues a saber dónde estaríamos ahora.
En paralelo a las pifias de Rajoy, se cuajó el descontento en nuevos proyectos políticos. Basados en preceptos económicos tan discutibles como cualquier otro, pero con la firme convicción de imponer cierta transparencia en el ejercicio de las responsabilidades públicas o atajar de manera inmediata las necesidades urgentes de buena parte de la población. Contra la corrupción y la miseria, han crecido Podemos, Ciudadanos, Compromís y otras plataformas ciudadanas en ámbitos municipalistas. Algunos analistas gustan denominar a estas agrupaciones como la “nueva política”, ese fenómeno que ha desactivado el bipartidismo en tiempo record. Bienvenida, entonces, esta novedad que por lo menos obligará al presidente a abandonar ese comportamiento que tanto lo asemeja a un quelonio obcecado y temeroso dentro de su caparazón cuando presiente algún contratiempo.
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