La ley del TC. El Constitucional amenaza cargos electos

Escribe Marcelo Espiñeira.

..."tengo el objetivo de acortar las distancias que nos puedan alejar y fortalecer todos los vínculos que nos puedan seguir uniendo”"...

 Soraya Sáenz de Santamaría

El paso al costado del PSOE permitió a Mariano Rajoy formar un nuevo gobierno y asumir así su segunda legislatura al frente del ejecutivo español. El diseño ministerial poco ha sorprendido porque resulta francamente continuista del anterior. Entre las bajas que se cuentan figura el malogrado Jorge Fernández Díaz, ejecutor práctico de la judicialización del proceso independentista catalán; y también José Manuel García-Margallo, la voz más beligerante con la Generalitat en el último gabinete de La Moncloa. Si sumamos estas dos ausencias significativas a la incorporación de la joven dirigente catalana Dolors Montserrat al frente del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, podríamos concluir que Rajoy ha elegido cambiar sutilmente su política respecto al conflicto catalán.
El diálogo será el instrumento de esta legislatura ha afirmado la flamante encargada de las Políticas Territoriales, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, mientras recibía el encargo personal del presidente para maniobrar en busca de un acercamiento institucional con el president Carles Puigdemont. El talante, tan criticado por los populares en la era Zapatero, podría reinstalarse en Madrid como herramienta indispensable para pactar la nueva financiación autonómica, la verdadera patata caliente de la legislatura vigente. Una negociación a múltiples bandas, donde los extremeños o los andaluces de Susana Díaz deberán entenderse con los vascos, los catalanes y los valencianos. Una mesa que promete escenarios de conflicto constante y que se convertirá en el máximo reto político en la carrera de la joven y ambiciosa vicepresidenta popular, la misma que persigue abiertamente una candidatura presidencial en la sucesión de su jefe, más próximo a jubilarse de lo que muchos sospecharíamos.

El teléfono rojo de Soraya no parará de sonar a partir de 2017 y aunque deberá pactar con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, ha recibido el encargo de entenderse especialmente con el tándem Puigdemont-Junqueras. Una faena titánica que puede verse afectada por el tic tac del reloj despertador de la CUP, que chillará en setiembre de 2017, encendiendo todas las alarmas antimadridistas al mismo tiempo. Vamos, que no nos colarán un gol en el último minuto, dirán muchos independentistas hartos de la negociación estéril.

Pero Soraya no estará sola en este juego, porque Rajoy ha ideado una pinza para coger esta patata caliente. Por un lado, el diálogo de Soraya cruzado con los números implacables de Montoro y por el otro la Ley del Tribunal Constitucional. 

En paralelo al desbloqueo felipista de Rajoy, el Tribunal Constitucional aprovechó para avalar la reforma de su ley orgánica, sancionada por los congresistas del PP en la pasada legislatura y luego recurrida por el gobierno vasco ante la justicia. En tiempo record, como todo lo concerniente a este organismo tan veloz, el recurso vasco fue rechazado. Ahora, esta reforma le permitirá suspender cautelarmente a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones. Es decir que los cargos electos pueden ser suspendidos de sus cargos si el Constitucional considera que han desobedecido la invulnerable carta magna española. Dicho de otra manera, el mismo Tribunal que dictamina, también será el que reprima.

La mordaza más filosa y cortante de la pinza de Rajoy, se ha marcado objetivos claros y no ha dudado en poner en su mira judicial a los promotores políticos de la consulta del 9N, a los alcaldes más combativos que no aceptaron descolgar sus esteladas durante las jornadas de los comicios generales, a consejeros de cultura que no desean devolver las reliquias religiosas de un monasterio de Lleida a los aragoneses y también a la presidenta del Parlament, por permitir que en este recinto se discutan temas que el TC ha considerado que vulneran sus resoluciones. 

Carme Forcadell (presidenta del Parlament), Montse Venturós (alcaldesa de Berga), Santi Vila (conseller de cultura de la Generalitat), Artur Mas (expresident de la Generalitat), Francesc Homs (diputado del congreso nacional), Irene Rigau (diputada del Parlament), Santi Vidal (juez suspendido) y Joana Ortega (exvicepresidenta de la Generalitat) están judicializados por la pinza del presidente Rajoy reforzada ahora con la Ley del TC. 

¿Qué autoridad moral

tienen los miembros del TC

para dictaminar que

las corridas de toros

son un patrimonio cultural

que debe preservarse en Catalunya

tanto como en Sevilla?

El acoso judicial incomoda a los implicados políticos en el proceso independentista, porque persigue una rebaja de sus demandas en la negociación y al mismo tiempo una fractura de las frágiles alianzas parlamentarias que sobreviven en el Parlament catalán. Bien advirtió de este hecho, la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, tras la detención de la alcadesa de Berga por los Mossos d´Esquadra: “No debemos perder el foco, no debemos desunirnos. No estamos desobedeciendo nada, estamos cumpliendo un mandato democrático”. Dijo para calmar algunas voces de la CUP que pedían que la Generalitat controle a los cuerpos policiales para que no se repitan escenas como estas. "La orden de detención emana de un juez. Los Mossos, que responden como policía judicial, reciben esta orden, que no es política sino que es de un juez. No es posible dar una directriz política" recalcó la consellera. "No podemos caer en ninguna trampa. No debe haber fisuras en nuestra unidad" insistió Munté refiriéndose tácitamente a los dirigentes de la CUP.

La utilización de la justicia como arma de presión en una negociación política es algo que no debería suceder en una democracia madura. Pero está sucediendo en España, porque a nadie se le podría ocurrir que un tribunal como el Constitucional debiera tener semejante injerencia en los temas cotidianos. Como ejemplo clamoroso nos queda la reciente revocación de este polémico tribunal de la prohibición de las corridas de toros en Catalunya, una ley sancionada por el Parlament en 2011 ampliamente respaldada por la ciudadanía y un debate enterrado hace tiempo. ¿Cómo es posible que un grupo de doce personas nombrados en sus cargos por políticos cercanos al gobierno central puedan dirimir cuestiones cotidianas de la cultura local? ¿Qué autoridad moral tienen los miembros del TC para dictaminar que las corridas de toros son un patrimonio cultural que debe preservarse en Catalunya tanto como en Sevilla? Ninguna. ¿Acaso se le ocurriría a este mismo tribunal obligar a los extremeños a formar collas castelleras u organizar concursos de castells? Indudablemente que no. ¿Es constitucional organizar abiertamente por las redes sociales boicots al consumo del cava catalán? Sería una cuestión a revisar. No obstante, lo único que está claro es que Soraya contará con el implacable lobby judicial de su parte para presionar en las negociaciones que todavía no se han abierto. Unas conversaciones que a todos nos convendría que se cerraran con éxito y con cierto sabor a justicia.