INSANIDAD. Corrupción en la sanidad pública

La acumulación de recortes presupuestarios en el sistema público sanitario no ha cesado desde el mismo inicio de la crisis. Ha sido el gran blanco de los ministros con tijeras, muy especialmente en Catalunya donde su actual conseller de Salut ya ha recortado en un 20% los fondos destinados a la atención primaria durante los últimos tres años.


La polémica gestión de Boi Ruiz (CiU) ha estado salpicada por denuncias judiciales, comparecencias forzosas en el Parlament y múltiples acusaciones por malversación de fondos. Sus orígenes lo sitúan al frente de uno de los consorcios más activos dentro de la sanidad privada, La Unió. Y durante los años previos a la asunción al frente de la Conselleria de Salut en el gobierno de Artur Mas, Ruiz ha sido un actor fundamental en el delicado mundillo de las contrataciones del Estado. El conglomerado de empresas que él mismo representó fue adjudicatario de jugosos contratos que, por las propias características del sistema aún vigente, no siempre han brillado por su transparencia, más bien todo lo contrario.

Su segundo en la Consellería, Josep María Padrosa, está siendo investigado por la Oficina Antifrau por presuntas incompatibilidades en la función pública que ejerce. Más precisamente, se sospecha que en el ejercicio de su cargo público ha contratado a empresas privadas en las cuales figuraba como apoderado (eran 15 y aún figura en 7 a día de hoy). En 2012, seis de estas empresas habrían facturado unos 14 millones al sistema CatSalut que él mismo dirige. Un posible caso de fraude que el Parlament ha intentado esclarecer sin demasiado énfasis, a juzgar por el resultado de las comparecencias.

El mismo sistema sanitario que fuera presentado como modélico en el pasado reciente, ahora está en discusión por la opacidad de sus entramados. Corren tiempos en los que crecen las listas de espera para una intervención quirúrgica, se suprimen plantas íntegras de grandes hospitales o se propone el copago en los medicamentos. Pero, lo peor es que se percibe una degradación en la atención, ligada al posible ahorro que significaría no realizar un determinado estudio, una prueba extra o una internación del paciente. Malversación de fondos públicos y ahorro compulsivo en los servicios primarios, no parece la fórmula ideal para mantener la excelencia sanitaria.

En  búsqueda de mayores concreciones, hemos contactado con Andrés García, miembro de la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS), un grupo de entidades vecinales y diversas personalidades que han unido sus esfuerzos para defender la calidad de la sanidad pública. 

¿Desde cuándo funciona la PARS y cuáles son sus objetivos?

ANDRÉS GARCÍA: La PARS es una plataforma de ciudadanos que nació en octubre de 2011 para iniciar la defensa de los derechos de la ciudadanía ante los Tribunales y para denunciar la corrupción en el sistema sanitario catalán, algunos casos ya conocidos, como el caso Prat Domènech (expresidentes del Institut Català de la Salut) o el caso Padrosa (mano derecha del conseller Boi Ruiz). Desde el primer momento hemos considerado a la cúpula del Departament de Salut responsables  del deterioro de la sanidad pública, y así lo denunciamos ante la Fiscalía en una  denuncia en marzo 2012 y en una querella criminal en noviembre del mismo año. En ambas acciones denunciábamos algunos casos de corrupción que hoy en día están investigados por varios juzgados y por la Oficina Antifrau de Catalunya.

¿Consideran que la ciudadanía está al corriente del deterioro registrado en los servicios de la Sanidad Pública?

Realmente pensamos que en general no. Únicamente aquellos que se ven en la necesidad de acudir a su centro de salud pueden darse cuenta de que las listas de espera han aumentado de forma estrepitosa desde enero de 2011, incumpliendo la legislación vigente, tal y como hemos relatado en diversas ocasiones. Las listas de espera son uno de los indicadores que internacionalmente se consideran para valorar la accesibilidad de la ciudadanía al sistema sanitario. Estas listas están, además, reguladas por leyes, decretos y reales decretos que obligan al Departament de Salut a, por ejemplo, evitar que un ciudadano espere más de 6 meses en lista de espera. Estos tiempos de espera se están superando con creces. Conocemos casos de ciudadanos que están esperando más allá de los dos años para que les operen.

Por otro lado,  la situación política en Catalunya, con el "derecho a decidir" o la 

"independencia", como debate público que todo lo eclipsa, hace difícil que el mensaje de los grupos como el nuestro llegue a la ciudadanía. Los medios de comunicación de masas catalanes (públicos y privados) parece que sólo tienen esa preocupación, favorecida por una Generalitat que utiliza todos los medios a su alcance para que la ciudadanía no sea consciente del día a día de su gestión pública, con  fuertes limitaciones de derechos fundamentales, como es el derecho a la atención sanitaria garantizada por las leyes.

¿Cuál es la actitud que detectan entre los ciudadanos respecto a este deterioro?

Tenemos constancia de casos de ciudadanos que, una vez se dan cuenta en primera persona de la situación en la que nos encontramos, alzan la voz y se unen a grupos que defienden la sanidad pública o interpelan a la administración para dar a conocer su caso. Hemos constatado que la denuncia pública en medios de comunicación o las reclamaciones al Departament de Salut en forma de escritos apelando al Derecho de Petición (que figura en la Constitución) tienen efecto. Animamos a los ciudadanos que sienten que no se les está atendiendo en tiempo o en formas adecuadas a que utilicen esos canales.

Pero también notamos que la movilización en la calle no está siendo la suficiente dada la situación en la que nos encontramos, y la que todavía nos queda por delante, con nuevos recortes en el área sanitaria anunciados ya por el Govern.

¿Estáis en contacto con los trabajadores del sector sanitario? ¿Cómo suelen enfocar este problema los mismos? 

El tema no es sencillo en el colectivo de los trabajadores. Nuestros contactos han sido principalmente con enfermeros, asistentes y administrativos, a los que vemos conscientes de lo que está sucediendo y movilizados en ciertos centros. El sistema sanitario catalán que se ha ido formando en los últimos 20 años ha favorecido una fuerte división de los trabajadores con entornos de trabajo y condiciones laborales muy dispares. La mayoría de profesionales sanitarios en Catalunya no dependen de la Generalitat, sino de empresas privadas o semiprivadas (centros oncertados, fundaciones…) a las que la Generalitat le contrata sus servicios. En cada no de esos centros el Departament de Salut hace y deshace de forma individualizada. Esta situación no facilita la movilización conjunta. Sólo el Institut Català de la Salut se mantiene como único organismo realmente público, con más de 30.000 profesionales. 

Nos hemos encontrado también con casos aislados de médicos que se oponen a las políticas de la Generalitat. Pero en general, en el colectivo médico echamos de menos su movilización. Pensamos que ellos son los que más conocimiento tienen de lo que está sucediendo internamente en los centros de salud (tienen cargos de responsabilidad en las estructuras de poder y es a ellos a los que les llegan las órdenes políticas) y son los que más influencia podrían tener para oponerse a las políticas del Govern. Vemos con admiración la lucha de los médicos en la Comunidad de Madrid. Sólo si los médicos se implican en la defensa de la sanidad pública se puede avanzar. 

Hemos visto hace poco una "revuelta" de profesionales médicos en el Hospital Clínic, al negarse a ir a un hospital privado como el Sagrat Cor de IDC Salud (antigua Capio). Ese debe ser el camino. Animamos a los médicos a que se unan, a que informen a la ciudadanía de lo que conocen y a que dejen de ser "insumisos invisibles" (que hay muchos) para pasar a la lucha organizada junto con la ciudadanía. 

El conseller Boi Ruiz (el segundo por la izquierda) junto a Ana Mato en el 150º aniversario de Bayer.

¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran cuando intentan monitorear la administración de los recursos del ICS? 

 

La opacidad de la administración es total. Uno de los casos más flagrantes son las listas de espera. Existen leyes que obligan a informar de una serie de parámetros sobre cuánta gente hay en lista de espera, cuánto tiempo están esperando, etc. El 95% de los parámetros o bien no constan en los informes o bien están incompletos. Podríamos hablar también del cambio de criterio a la hora de incluir a los pacientes en lista de espera: no sabemos qué criterios han cambiado ni desde cuándo. Ante la polémica de los resultados de las listas de espera en diciembre de 2012, la Conselleria decide, sin informar de el cambio, que los datos a publicar se basarán en un nuevo parámetro que indica el tiempo de espera de las personas que están en lista de espera, un dato distinto y más favorable para presentar los resultados. 

Tampoco sabemos cómo están llegando las órdenes de recortes a los centros de salud. Siendo un sistema sanitario público, debería informarse por instrucciones públicas, pero parece que están llegando a los correos de ciertos responsables sanitarios. 

Lo que es evidente es que la gestión del sistema sanitario catalán se está haciendo intencionadamente con la máxima opacidad para que la ciudadanía no podamos saber qué está pasando. 

Teniendo en cuenta que el sector de los laboratorios farmacéuticos tiene un importante desarrollo en Catalunya, ¿podría considerarse a este sector como un factor de presión importante en las políticas sanitarias dictadas desde la Administración? 

Por supuesto. El caso más visible fue el euro por receta. Nos decían que consumíamos muchos medicamentos, que por cierto recetan los médicos (no es que los ciudadanos tengamos una chequera para "autorecetarnos"). La industria farmacéutica quiere seguir vendiendo el mismo o más volumen de medicamentos y su lobby hace una función de presión clara y evidente. Existen otras soluciones al alto gasto farmacéutico, pero no se quieren poner en marcha porque reducirían el negocio de las farmacéuticas. Un ejemplo sencillo sería que el paciente pudiera comprar la dosis exacta para su tratamiento, en lugar de tener que comprar una caja de 20 pastillas cuando va a usar sólo 5. Pero en lugar de optar por estas políticas, lo que se hace es cargar al enfermo con más pastillas de las que necesita y además pagar un euro por cada receta. 

Por otro lado, la administración central diferencia entre los medicamentos autorizados para vender y los financiados por el sistema público de salud. Pues bien, se da la circunstancia de que casi todos los autorizados son a su vez financiados por el sistema de salud y normalmente al precio que quiere el laboratorio farmacéutico, aunque teóricamente lo fije la Administración. Ese nuevo fármaco, ¿es mucho mejor que otro que ya teníamos, o tenemos otro que ya está financiado y que sirve para lo mismo, y además resulta que es más barato porque generalmente lo nuevo es más caro? Una cosa es que el nuevo fármaco se apruebe y que se pueda vender, pero, ¿por qué lo hemos de financiar con dinero público? 

El ahorro es posible, pero a costa del negocio de una industria farmacéutica que no quiere perder negocio. 

¿Qué factores consideran como decisivos en el establecimiento de la sospechosa convivencia de diversos dirigentes de la Sanidad Pública con empresas privadas del sector (el también conocido como "síndrome de la puerta giratoria")? 

Uno de los factores decisivos es la composición de la actual cúpula del Departament de Salut. El conseller Boi Ruiz fue el representante del sector privado sanitario antes de acceder a su cargo público. Era presidente de la mayor patronal sanitaria privada, La Unió. Junto con él, se llevó a la cúpula de Salut a Josep Maria Padrosa, miembro del consejo de dirección de La Unió y a Roser Fernández, directora general también de La Unió. Además, Josep Prat Domènech, actualmente imputado por corrupción, fue presidente del Institut Català de la Salut a la vez que dirigía uno de los mayores grupos sanitarios privados, USP Hospitales. 

Sin duda, que la plana mayor del sistema sanitario privado tome el poder del sistema sanitario público da mucho que pensar, ¿no? 

¿Cuáles consideran han sido los casos más flagrantes de supuesta corrupción en el ámbito catalán de la sanidad pública? 

No sabríamos decirlo con seguridad, porque hay muchos casos actualmente en los Tribunales o investigados por otros organismos. Como ya hemos mencionado, uno de ellos es el caso Prat Domènech, que simultaneaba su cargo público con otros privados. Otro caso, que está investigando la Oficina Antifrau de Catalunya, es el de Padrosa, mano derecha del conseller y que firmó contratos públicos con empresas de la que era apoderado a la vez que director del Servei Català de la Salut. Hace poco ha saltado el caso del CRC, con dos exdirectivos imputados por 'saqueo' de una fundación sanitaria. En el hospital de Sant Pau también es significativo: se pagaban nóminas a cargos directivos que no trabajaban en el hospital. 

 

¿Ha habido algún condenado por estas causas alguna vez? 

A día de hoy no, aunque esperemos que no tarden.

 

¿Cómo describirían el grado de colaboración de los diputados del Parlament en la investigación de estos casos? 

Los diputados del Parlament mucho nos tememos que están para otras cosas. Hemos de tener en cuenta que el modelo sanitario catalán (favorecedor de la corrupción) se ha formado tras muchos años de gobierno de CiU, pero también de otros gobiernos como el tripartito que no quisieron poner solución al problema y que más bien al contrario participaron en su construcción y consolidación. La diputada del PSC Marina Geli, exconsellera de Salut, dice muchas cosas, pero calla muchas más de las que dice. 

En el Parlament sí que ha habido una comisión de investigación sobre la gestión del ámbito sanitario, pero desde nuestro punto de vista ha servido para poco (era de esperar). Se vetaron las comparecencias de ciudadanos que han hecho mucho por destapar la corrupción, como el periodista Albano Dante de la revista CafèAmbLlet, los comparecientes mintieron durante sus exposiciones o no respondían a las preguntas que se les hacían… ¿Ha cambiado algo después de la comisión? Sí, que van a trasladar a pacientes y médicos del Hospital Clínic a un centro privado como es el Sagrat Cor. 

La mayoría del Parlament está en otro debate, el de la independencia, que lamentablemente eclipsa cualquier otro asunto.