HIPOTECADOS. La odisea continúa.

Escribe Marcelo Espiñeira.


Con grandes altavoces, el gobierno de Rajoy eligió anunciar hace quince días su plan para paliar la dramática realidad de los desahucios masivos en España. Un decreto improvisado que redactara notoriamente presionado por el incremento del número de suicidios relacionados a estas desgracias. El presidente español accedió a escuchar el decente llamado de los jueces que le reclamaban una medida enérgica de tono político para atajar este asunto que se había ido de las manos de todas las autoridades. Sin embargo, el tibio anuncio pronunciado desde La Moncloa no ha convencido a casi nadie, excepto a los de siempre, los banqueros que todos seguimos salvando.

El subsecretario Miguel Temboury Redondo.

Un firme defensor del Decreto Ley nro. 27/2012, el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo, opina que el gobierno del que forma parte “ha sido muy valiente y es el primero que ha mostrado una preocupación ante el problema de los desahucios y ha adoptado medidas al respecto”. En su artículo de opinión publicado por El País también agrega que “cualquier reforma no debe conducir a perder la cultura de pago, tan arraigada en nuestro país”. Lo que no sabemos bien es si ha tenido en cuenta que casi el 20% de la población activa está sobreviviendo con una renta por debajo de la considerada mínima o que las personas amenazadas con sufrir un desahucio sobre su primera vivienda es bastante superior al medio millón de personas. En todo caso deberemos quedarnos con la duda ya que han dado el asunto por zanjado y también han dicho que ni piensan en reformular la Ley Hipotecaria vigente, y menos con carácter retroactivo.

El juez Fernández Seijo.

Del otro lado de la acera, el juez de Barcelona José María Fernández Seijo, afirma que: “habría que preguntarse cuántas ejecuciones hipotecarias se han adelantado porque algunos abogados o procuradores han visto en riesgo su contrato con entidades financieras intervenidas. En estos momentos, la mayoría de los desalojos están externalizados. Ya no son las entidades financieras las que se ocupan de reclamar las deudas, sino agentes externos que se llevan en torno al 30%. En los procesos de fusión bancaria, esos contratos peligran, y algunos de los bufetes que gestionan la morosidad de esas entidades han llevado de golpe a los juzgados todos los impagados por temor a que se les acabe el contrato. Si el proceso está vivo en el juzgado, devenga intereses y costas. Eso ha pasado, por ejemplo, con hipotecas de Bankia, de Unim o de Caixa del Penedès.”


Si hay un repugnante negocio detrás de los desalojos masivos, también deberíamos preguntarnos porque el gobierno hace tan poco al respecto. “La moratoria no va a resolver el problema, sino a agravarlo, porque, como en todos los contratos, hay que leer la letra pequeña, y en este lo que dice es algo tremendo: la moratoria paraliza el proceso, pero no los intereses de demora…” aclara sobre el suave decreto de Rajoy, el juez Fernández Seijo, quien no duda de las intenciones rimbombantes de la nueva medida de un gobierno que supera su ineptitud día tras día. “Los intereses de demora oscilan entre el 18% y el 29%. La sensación que tuve cuando se presentó la medida no podía ser peor. Si alguien no puede pagar ahora 120.000 euros, ¿cómo va a pagar 150.000 dentro de dos años?” se pregunta el juez con todo el sentido común que le falta al fallido presidente del gobierno.