"Sí se puede" es el grito de clemencia que exclaman cientos de miles de ciudadanos al borde del desahucio en este país. Perder la única morada que se tiene cuando tampoco se disponen de los recursos necesarios para alquilar o reiniciar la vida en otro sitio, forma parte habitual de las dramáticas historias que se pueden escuchar en cualquiera de las reuniones semanales que organiza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Desde el año 2009, esta organización se ha acercado al drama de los desahuciados, brindándoles contención legal y humanitaria a las primeras víctimas de la gran debacle económica. Sacudidos por la injusticia de la situación, los fundadores de la P.A.H. se focalizaron en difundir la posibilidad de la dación en pago. Una figura ausente en la vigente Ley Hipotecaria española que condena a una persona a perder su propiedad por impago y arrastrar la deuda pendiente de por vida. La dación en pago es el gran reclamo de los desahuciados y el foco de conflicto actual con el gobierno y los bancos.
Las ejecuciones hipotecarias comenzaron a crecer con desmesura en sincronía con el paro. El gobierno de Zapatero no tuvo el valor de intervenir en el tema y el de Rajoy lo ha hecho a duras penas presionado por las circunstancias. Al tiempo que el rescate bancario fue aprobado con celeridad, generosidad y sin previa consulta electoral, echar un cable a las familias desahuciadas causa temor y desconfianza entre la clase política de manera casi unánime. Los pobres no son rentables.
Tras durísimos cuatro años de negociaciones con los bancos, ayuda desinteresada a los afectados y una lucha persistente por instalar el problema en la opinión pública, un primer triunfo de la P.A.H. llegó con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que certificó que la ley española no protege a sus ciudadanos ante los posibles abusos de los contratos hipotecarios. Una sentencia vinculante, que al menos otorga a los jueces la posibilidad de frenar algunos procesos de desalojo injustificados.
David y Goliat
No debemos perder de vista que el balance de poderes es absolutamente dispar en esta disputa. De un lado, un par de millones de afectados por la pobreza, el paro y la peor desgracia de esta dura crisis económica. Del otro, el sector financiero y sus aliados de la clase política. ¿David y Goliat? Estará por verse.
La experiencia de estos años indica que los bancos se han apresurado por ejecutar a sus deudores morosos cuanto antes para convertirlos en activos tóxicos canjeables en el mega-rescate bancario. El freno encontrado en algunos jueces progresistas ha evitado que la sangría fuera mayor. Sin embargo, estos letrados no han tenido demasiado de donde aferrarse gracias a la Ley Hipotecaria que en estos días se está rediseñando en el Congreso. Un cambio que ha propiciado la presentación de una iniciativa popular (ILP) de la P.A.H., con el masivo apoyo de un millón y medio de firmas ciudadanas.
La citada ILP propone el freno inmediato de los desahucios familiares, la introducción de la dación en pago como figura legal y la retroactividad en la aplicación de estas medidas, que según los sondeos gozarían de un 90% de apoyo entre la ciudadanía. En líneas generales se podría hablar de un rescate a los desahuciados en toda regla o una vital compensación al sector más castigado por la coyuntura. Sin embargo, los diputados no parecen verlo de esta manera.
Insuficientes Paños Fríos
Una vez aceptada a trámite, la ILP ha tenido que someterse al doloroso proceso de enmiendas propuestas por los congresistas del PP y en buena parte también por los de UPyD y Rosa Díez, las dos fuerzas que se han mostrado reacios e impermeables a introducir cambios sustanciales en la Ley Hipotecaria actual. La dación en pago no está contemplada como posibilidad alguna por los diputados leales a Rajoy y mucho menos la retroactividad en la aplicación de las modificaciones. El nuevo texto que terminará de cocinarse antes de mayo próximo pretende incrementar quitas en el capital de algunas deudas cuando sean pagadas en tiempos reducidos al acordado originalmente, rebajar los intereses por demora en el pago y reforzar la idea de que hay que pagarle a los bancos como sea.
Como podrá entenderse, la reacción del gobierno ha sentado muy mal entre los afectados. Porque para una familia que intenta subsistir, ha agotado los medios disponibles y no vislumbra la más remota posibilidad de hacer frente a su cuota hipotecaria, estas tibias modificaciones a la ley no aportan solución alguna. El gobierno sigue sin comprender la gravedad de los hechos o elige mirar hacia otro costado. La deplorable noticia del suicidio de personas desahuciadas durante 2012 terminó forzando a Rajoy a improvisar algunas medidas, todas insuficientes. La presión de la P.A.H. y la sentencia europea han puesto en las portadas de la prensa estatal la dramática situación, sin embargo la alianza de los partidos mayoritarios con el sector financiero no se resquebraja, como ha quedado en evidencia.
Rescate desigual
El oneroso rescate bancario ha puesto de manifiesto la desigualdad en el trato a la que son sometidos los afectados por las hipotecas. Ahora, sólo nos resta sacar algunos cálculos para completar el cuadro. Se sabe que entre los gastos del Estado hay un altísimo porcentaje destinado al sector administrativo. En 2011, esta voluminosa cuenta ascendía a los 123.550 millones de euros en cuestiones de personal. Un número que se ha ido ajustando a la baja desde que Rajoy gobierna, incluyendo una reducción importante en el número de funcionarios en los futuros planes de gobierno. En prestaciones sociales se invierten 163.809 millones por año, pese a que los desahuciados no están contemplados en este apartado. Y en “consumos” se pierden nada menos que 92.448 millones anuales.
Pero, ¿qué entendemos por "consumos" del Estado? Pues, una gran cuenta de gastos generales producidos por nuestra bendita "casta" administrativa, nuestros honorables representantes, que podría desglosarse en miles de apartados diferentes. Una cuenta inmensa que incluye el suntuoso "desayuno o almuerzo de trabajo" del ministro en un restaurante de lujo, el mantenimiento de la flota de coches oficiales, los asesores, los guardaespaldas, los viajes en primera clase y toda esa orgía intocable del derroche organizado que nos hemos acostumbrado a soportar.
Desde 2008 y hasta finales de 2012, se han ejecutado más de 400.000 desahucios en España. No se disponen de cifras exactas en cuanto a los montos promedio de deuda porque se hace lo imposible para ocultarlas desde la Administración. Pero si pudiéramos cifrar en 100.000 euros un hipotético rescate promedio de los afectados, sumando todas las ejecuciones realizadas hasta hoy, nos hubieran costado 40.000 millones de euros. Es decir, menos de la mitad del gasto anual en Consumo del Estado. Y también muchísimo menos que los 100.000 millones solicitados a Europa para recapitalizar a los bancos en 2012.
Hilando fino: se piden al Banco Europeo 100.000 millones a cuenta de toda la ciudadanía y sus nietos, para cubrir el impago soportado por los bancos en los últimos cuatro años. Se somete a los morosos a perder sus viviendas y a seguir pagando la deuda como sea. Al tiempo que se mantiene el derroche descomunal en los gastos cotidianos de los políticos, el cual supera con creces las deudas de los desahuciados. Una pintura de la etapa oscura de Goya no sería tan cruel y descarnada como la injusticia que estamos soportando ahora mismo.
En estos días, los caciques de la mesa directiva del PP se empeñan en criminalizar la justa protesta por los desahucios masivos. Mientras acusan a la P.A.H. de filoetarra, kale borroka o acoso injustificado de sus diputados, ellos intentan desmarcarse del caso Bárcenas o la trama Gürtel. La soberbia, la indecencia y la ceguera se oponen a la razón, la solidaridad y el sufrimiento. Quien quiera entender que entienda.
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