Entre arreglos lumínicos callejeros y un frío intenso se acercan los últimos días de diciembre. Un año difícil va llegando a su final, otro más para la cuenta personal de muchos de nosotros, y cómo casi siempre sucede, el inminente cambio en la última cifra del calendario nos induce a realizar balances de todo tipo, aunque algunos nos puedan resultar algo incómodos.
Para los que vivimos en Catalunya, nadie se animaría a negar que 2013 haya profundizado el proceso político que explotara en setiembre de 2012. El independentismo se ha instalado en el discurso oficial de la Generalitat y domina la agenda política local. Por primera vez desde los años de la transición democrática, los republicanos de ERC encabezan las encuestas que miden la intención de voto entre los catalanes, mientras en Convergencia se percibe bastante preocupación y hasta desconcierto. Sin embargo, los planes para realizar una consulta soberanista en 2014, no parece que fueran a aparcarse, aunque el ejecutivo de Rajoy ya haya enviado su veredicto tajante sobre la ilegalidad de los mismos.
Sin reforma de la Constitución española en el corto plazo, porque ni el PP, ni el PSOE lo desean, la consulta catalana sólo se realizaría en un espacio difuso, a mitad de camino entre lo que se considera justo y lo que avala la ley escrita. Un camino que guarda altas dosis de incertidumbre. Igual que un diálogo que aparenta estar roto, la relación entre España y Catalunya se ha corroído de manera evidente, y pocas vías parecen conducir a un entendimiento productivo para las partes.
Aznarismo en auge
Con las negociaciones encalladas, el ala dura del PP se ha servido de la cuestión catalana y la abolición de la doctrina Parot para avanzar con su ideología conservadora sobre La Moncloa. Si aquella entrevista de Aznar en los estudios de Antena 3 fue premonitoria sobre la convulsión interna existente dentro del partido gobernante, más tarde sobrevino un publicitado encuentro personal con Rajoy y se confirmaría el reclamo explícito de firmeza por parte del expresidente. Finalmente, hemos asistido al anuncio de las leyes más restrictivas de las libertades individuales en España desde los tiempos del dictador.
Entre el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del ministro del interior Díaz Fernández, la polémica LOMCE del ministro de Educación Wert, aprobada en solitario por su partido, y las reformas sobre la regulación del aborto que ultima el ministro de Justicia Gallardón, el gobierno de Rajoy ha elegido reubicarse “lo más a la derecha posible” para encarar la segunda parte de su mandato, dejando bien claro el acuse de recibo del mensaje de Aznar y el ala más conservadora del Partido Popular.
La crisis financiera y las posteriores recetas basadas en políticas de austeridad han horadado de manera contundente el tejido social español y empujado a un amplio estrato de la ciudadanía hasta situaciones de exclusión. Es muy posible que la nueva política represiva del gobierno supusiera el empellón final de varios millones de personas hacia un ostracismo terminal, privado incluso del derecho a protestar.
La Ley de Seguridad Ciudadana es un atentado malintencionado hacia la libertad de expresión y nada podría definir mejor a una democracia que la plena vigencia del citado derecho. Son numerosos los aspectos del borrador de la ley presentado por el ministro Fernández Díaz que chocan frontalmente con las reglas más básicas del derecho a disentir y a exteriorizar tal disentimiento. Queda la sensación de que al ministro le hayan encomendado la misión de acallar la voz de movimientos ciudadanos que habían crecido avalados por el descontento reinante. Casi no hay espacio para las dudas, la redacción de este proyecto encaja como una legislación diseñada a medida para contrarrestar y amedrentar las manifestaciones organizadas por la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) o las Mareas Ciudadanas.
Con el PSOE inmerso en un naufragio colectivo sin precedentes, sin timonel, sin ideas claras y pronto… sin una plataforma de votos en la que basar su futuro, Rajoy ha entendido que los únicos capaces de poner en evidencia la falta de proyecto de su gobierno, son los mismos ciudadanos normales y corrientes. Por eso mismo, la nueva ley de Fernández se propone instalar seguridad en este aspecto, asegurando al gobierno del descontento ciudadano que ha ganado las calles.
Utilizando el mismo concepto disuasorio con que las navajas de la cerca fronteriza en Melilla intentan alejar a los inmigrantes ilegales de Europa; las multas desproporcionadas por interferir en un proceso de desahucio o por discutir con un policía, buscan insuflar de impotencia y desolación a los golpeados por la crisis y el paro, alejándolos de la protesta callejera.
Si la lucha civil de la PAH y las Mareas encarnan el único desafío a un sistema que fagocita a sus víctimas con una velocidad deshumanizadora, pues resulta lógico que el gobierno que ha salvado a la banca corrupta, ahora también busque criminalizar el descontento popular. Es algo compatible, casi de manual.
Fantasmas
del pasado
El objetivo de las leyes "preventivas" de Rajoy no acaba en la represión de la protesta ciudadana. No podemos olvidar que la LOMCE de Wert trae una pesada carga ideológica consigo, posiblemente más chocante y provista de mayor torpeza aún que la de Fernández Díaz.
El ministro de Educación fue explícito cuando defendiera su proyecto de ley en el Congreso, no ocultó sus propósitos, su LOMCE pretende sumar otro instrumento legal para interferir legalmente el proceso soberanista catalán. Aquello de "españolizar a los alumnos catalanes" no fue un exabrupto cualquiera, iba muy en serio. Lo cierto es que su ley representa tan poco el sentir de la comunidad educativa de toda España, que enseguida sufrió el aislamiento generalizado. Solo UPyD brindó cierto apoyo a su sanción, que traerá bastante trabajo al departamento jurídico de la Generalitat y presumiblemente al Tribunal Constitucional en un futuro cercano. Una ley que apestaba a cadáver político antes de su aplicación, no debería servir para demasiado, pero habrá que convivir con su fantasma hasta al menos 2015.
Si sobre espectros del pasado hablamos, no podemos negar que asusta el reciente viraje hacia la derecha radical por parte del gobierno español. Aún dentro de una Europa instalada a la diestra política en su mayor parte, la España de Rajoy se está pasando de frenada a menudo. La reticencia al diálogo con el gobierno de Mas, el recorte de las libertades individuales o el incremento de la represión y el control ciudadano de manera sistemática, auguran dos años más de distracciones y debates estériles, acercándonos peligrosamente al desencuentro y alejándonos deliberadamente sobre la discusión central que nos debemos aún… ¿qué país queremos realmente?
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