CANARIAS lo tiene crudo

Escribe
Lilian Rosales de Canals.

Tras la autorización a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura ha proliferado un intenso debate medioambiental, social y político. Mientras el gobierno central apuesta por la explotación de presuntos yacimientos en aguas meridionales, el gobierno de Canarias, y los Cabildos afectados, se muestran contrarios a lo que consideran vulnera su compromiso con las renovables, constituye un atentado contra el medioambiente y una amenaza a su principal industria, el turismo. A efecto de hacer valer la opinión de una inmensa mayoría que se opone a los sondeos y de forzar algunos estudios previos que considera imprescindibles, el gobierno autonómico convocó una consulta para el 23 de este mes.
En respuesta el ejecutivo central interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, bajo el argumento de que se invaden las competencias del Estado, recurso que sería admitido a trámite suspendiendo cautelarmente la consulta alegando que se trata de dos materias de su exclusiva competencia, la convocatoria a referéndum y la política energética. Para el ejecutivo de Paulino Rivero (Coalición Canaria), la consulta no supone un "referéndum velado" al no gestionarse desde la administración electoral, recurrir al censo ni al cuerpo electoral. 


Así las cosas el clima no parece de salubridad democrática precisamente. El gobierno de Rajoy luce aferrado a una red de políticas públicas donde solo los miembros del tren ministerial (y algunas piezas clave del entorno empresarial) están autorizados a participar. Proponer y decidir se reserva exclusivamente al Estado. Queda de este modo entorpecida la expresión de un enorme sector de la población en torno a asuntos que le afectan directamente. 

El presidente canario Paulino Rivero y un activista contrario a las prospecciones de Repsol en la zona

En un momento en el que tanto las instituciones como los partidos políticos han dejado de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema, la sociedad civil canaria y un sinfín variopinto de actores, otrora ajenos a la toma de decisiones y hoy empoderados, entienden que sus destinos pasan por la co-producción y así desean hacerlo entender. Un activismo urbano y heterogéneo encuentra hoy alianzas en la construcción de una lógica argumental compartida y en la convocatoria a través de redes sociales, mientras procura incidir en la esfera pública. Frente a la sordera del estado, la sociedad movilizada se ve obligada a aplicar la resistencia y más allá, a crear un mecanismo de consulta que hoy choca estrepitosamente con los argumentos jurídicos esgrimidos desde el Tribunal Constitucional. El Estado debería tomar nota y propiciar un acercamiento a objeto de debatir de forma consensuada las distintas alternativas. Lamentablemente desde su obcecado conservadurismo, el PP entiende el gobernar como un ejercicio absolutamente vertical de poder, donde la confrontación no tiene cabida en tanto que significa arriesgar el propio confort y la seguridad en la compleja mesa de diálogo. 

A favor de las prospecciones y la extracción de hidrocarburos en Canarias se argumenta la necesidad de diversificar su economía, destacando el elevado índice de desempleo que le aqueja (superior al 30%). Primando intereses materiales, Repsol asegura generar entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo durante los tres primeros años de explotación. Como contrapartida, quienes se oponen al proyecto destacan los innumerables riesgos para el medio ambiente, la biodiversidad, la población, y concretamente para la actividad turística. Repsol y expertos por su parte, apoyados en la experiencia de la compañía como su gran fortaleza, destacan el carácter estricto de la normativa europea en esta materia a fin de ofrecer garantías de seguridad. La comunidad de Canarias señala que más allá de los argumentos técnicos, el gobierno no ha analizado en igualdad de circunstancias y con la requerida asepsia las posibles alternativas para alcanzar un resultado óptimo, las demandas de la coalición civil-administrativa de la isla y aquellas que sostienen el interés común, aunque este último a fin de cuentas sea una entelequia.

Tan innegable es que el Gobierno, el ministro Soria y su subsecretario Enrique Hernández Bento no hacen nada ilegal al proponer una alternativa, como que resulta absolutamente asimétrico (o antidemocrático) el impedir que en unos sitios se realicen prospecciones mientras en otros se impongan. La sentencia aunque un tanto escatológica atribuida a Pi i Sunyer lo ilustra: A los amigos el culo, a los enemigos, por el culo.

Al supuesto de ineficacia  del Estado, se le suma la falta de visión global de la problemática que le ocupa derivada de la enorme fragmentación administrativa. La viabilidad de las prospecciones es evaluada desde la perspectiva del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con competencias en este caso encontradas, desde Hacienda, que todo lo ve, y con apoyo del ejecutivo de Justicia, cuando se requiere de un comodín alternativo para recordar a quien arropa mejor la ley. Otros niveles de competencia quedan absolutamente al margen. Pero aunque se empeñen en el uso de gríngolas, los gobiernos no son ni mucho menos autónomos ni autosuficientes en la elaboración de políticas públicas y toma de decisiones. Las presiones ejercidas por otros actores en la arena política demandan hoy un consenso justo y también necesario para el que se ven obligados a trabajar, aunque de buenas a primera no parezca esa la intención más clara. 

En cualquier caso ganadores y perdedores será el resultado final sea cual fuere la política pública diseñada e implementada, es imposible satisfacer las expectativas al 100% de todos los sectores involucrados. Salvo que el Estado se subrogue el derecho, como en otras oportunidades, a elevar su voz por encima del resto de los actores en pugna, para lo cual el argumento constitucional y el de "legitimidad primaria" le viene como anillo al dedo. 

Como era de esperar el presidente de Repsol y aliado del ejecutivo, Antonio Brufau, ha calificado de "barbaridad" el hecho de que España renuncie a investigar si existen hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias, y apuntando hacia el objetivo de la competitividad, ha señalado que "el peor favor que se le hace a Canarias es hablar de riesgo petrolífero, porque es algo que no existe". 

El Estado habría de promover la participación institucional. Pese a ello, la gobernanza, entendida como el paradigma de nuestros tiempos, no parece contemplada entre sus estrategias. El propio presidente del Centro Canario Nacionalista, Ignacio González, posicionado a favor de las prospecciones petrolíferas, ha reconocido que el ministro Soria ha tomado decisiones sin dialogar y sin informar. 

Está claro que Rajoy habrá de legitimar su propuesta más allá de lo estrictamente legal, desde la construcción de un consenso, oportunidad ésta de promover el espacio participativo que incorpore a todos los sectores influyentes para encausar la voluntad, generar iniciativas de innovación social y corresponsabilizar a todos en el proyecto de desarrollo global del territorio canario, a fin de cuentas lo único que salvará a la clase política será acotar esas distancias que han ido ganando y profundizando respecto a la ciudadanía que representa.

Si en esta tarea considera tan solo un enfoque, estará privilegiando a uno de los objetivos en juego y a uno de los actores sociales. Al simplificar excesivamente la complejidad propia en la toma de decisiones, el gobierno incurre en un error y sobre todo en un acto de poder al emplear el lenguaje de la evaluación más conveniente para beneficiar a un sector en particular. Si nos remitimos a las evidencias, lastimosamente, Canarias lo tiene crudo. 

Prospecciones de Repsol en aguas cercanas al archipiélago de Canarias