La década expansiva de las principales economías latinoamericanas ha llegado a su final. El gobierno de Brasil, séptima potencia mundial, se ha visto desbordado por los índices negativos registrados en su actividad industrial y acabó optando por aplicar un ajuste durísimo que amenaza seriamente los avances materiales conquistados por una amplia franja de la población. Varios millones de brasileños que habían logrado adquirir su primer automóvil o una vivienda digna durante los gobiernos de Lula da Silva, han visto reducido drásticamente el poder adquisitivo de sus salarios en el último año. Con este regreso al pasado en el país del samba, la protesta callejera se ha multiplicado y la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff ha caído en picada.
El desproporcionado caso de corrupción política en la estatal petrolera Petrobras, una inflación que comienza a resultar excesiva y una estrecha dependencia del mercado chino han contribuido a que aumente el clima de desconfianza en esta pujante economía emergente, que ahora mismo deberá enfrentar la organización de los onerosos juegos olímpicos de Rio 2016 en el peor de los escenarios posibles.
Su vecino austral tampoco escapa al enfriamiento continental que sufre la actividad económica. Argentina sufre una crisis de liquidez preocupante, que nace de sus malas relaciones con los mercados financieros internacionales. La imposibilidad de obtener fondos a precios razonables, como consecuencia de su reciente historial de impagos y reestructuración de deuda soberana, ha conducido al gobierno de Cristina Kirchner a gestionar créditos alternativos con la administración china, a cambio de jugosos contratos de infraestructura pública adjudicados a empresas estatales del gigante asiático en condiciones poco transparentes. Si sumamos que el decisivo precio de la soja también sufriera una fuerte caída en los mercados de hasta el 25% y que la demanda de productos primarios se ha venido tambaleando desde la crisis de 2008, concluiremos que la principal fuente de recursos fiscales del estado argentino se ha frenado hasta orillar un crecimiento del PIB casi nulo en 2014, tan solo del 0,5%. El fuerte incremento del gasto social que asumiera la Administración Kirchner durante la última década ahora enfrenta un ahogo financiero notable que en parte ha debido trasladar a los asalariados que pagan impuestos sobre sus retribuciones cercanos a un 30%. La clase media argentina vuelve a asumir la peor parte de las cuentas de un estado sobredimensionado. En Argentina, pocos dudan que tras las elecciones presidenciales de octubre de este año, el nuevo gobierno deba instrumentar un severo ajuste de gastos similar al brasileño.
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