Escribe Marcelo Espiñeira.
Tiempo atrás cuando nos pillara de lleno la crisis en 2011, los trabajadores españoles teníamos un respaldo monetario cuantioso en los 66.815 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cuatro años más tarde, esta hucha de carácter público se ha reducido casi a la mitad de su tamaño. Sí, el gobierno de Rajoy se ha cargado en una sola legislatura lo que costó una década ahorrar. Desde el arribo de los populares a la Moncloa el paro no cesó de aumentar hasta alcanzar la escandalosa cifra del 27%. La debacle económica provocó una terrible caída en los ingresos de la Seguridad Social,
como también un desajuste entre los egresos por pago de pensiones y los aportes de los nuevos cotizantes. Como respuesta, el agujero fue rellenado de manera sistemática con hachazos al Fondo de Reserva creado en el año 2000 por el gobierno de Aznar. Así, en más de quince ocasiones, el ejecutivo de Rajoy acabó tirando del Fondo para cubrir su compromiso con los jubilados.
A finales de 2014 la hucha se había reducido un 33% quedando en 41.634 millones. Una cifra que encendió las alarmas de muchos especialistas que no dudaron en vaticinar el agotamiento de las reservas en cuestión de cinco años, si no menguaba el ritmo de extracciones. No obstante estas advertencias, en 2015 el gobierno ha vuelto a rascar del bote para poder pagar en julio pasado dejando al Fondo en 39.520 millones. En total, los populares se han cargado 43.000 millones de los recursos que encontraran en 2011 y nada indica que esta sangría se vaya a cortar en lo inmediato. Por el contrario, algunos funcionarios dicen que el Fondo estaba para esto, que solo estaría cumpliendo su cometido, el de salvaguardar el pago de las pensiones.
Bastante curioso nos resulta todo, si tomamos en cuenta los consejos o advertencias públicas que suele lanzar de manera periódica el presidente de la CEOE, Joan Rosell, acerca de la conveniencia de que los trabajadores contraten su propio plan privado de pensiones. Al mismo tiempo suele reclamar una rebaja en las cotizaciones pagadas por los empresarios y un cálculo más exhaustivo de los años trabajados para los nuevos pensionados. Es decir, que de manera poco sutil estaría pretendiendo acabar con el sistema público de la Seguridad Social al tiempo que fomenta uno privado. Entonces ya no nos sorprendería tanto que se estén limpiando la hucha de todos en nuestras propias narices porque el plan es que se acabe.
Tiempo atrás cuando nos pillara de lleno la crisis en 2011, los trabajadores españoles teníamos un respaldo monetario cuantioso en los 66.815 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cuatro años más tarde, esta hucha de carácter público se ha reducido casi a la mitad de su tamaño. Sí, el gobierno de Rajoy se ha cargado en una sola legislatura lo que costó una década ahorrar. Desde el arribo de los populares a la Moncloa el paro no cesó de aumentar hasta alcanzar la escandalosa cifra del 27%. La debacle económica provocó una terrible caída en los ingresos de la Seguridad Social,
como también un desajuste entre los egresos por pago de pensiones y los aportes de los nuevos cotizantes. Como respuesta, el agujero fue rellenado de manera sistemática con hachazos al Fondo de Reserva creado en el año 2000 por el gobierno de Aznar. Así, en más de quince ocasiones, el ejecutivo de Rajoy acabó tirando del Fondo para cubrir su compromiso con los jubilados.
A finales de 2014 la hucha se había reducido un 33% quedando en 41.634 millones. Una cifra que encendió las alarmas de muchos especialistas que no dudaron en vaticinar el agotamiento de las reservas en cuestión de cinco años, si no menguaba el ritmo de extracciones. No obstante estas advertencias, en 2015 el gobierno ha vuelto a rascar del bote para poder pagar en julio pasado dejando al Fondo en 39.520 millones. En total, los populares se han cargado 43.000 millones de los recursos que encontraran en 2011 y nada indica que esta sangría se vaya a cortar en lo inmediato. Por el contrario, algunos funcionarios dicen que el Fondo estaba para esto, que solo estaría cumpliendo su cometido, el de salvaguardar el pago de las pensiones.
Bastante curioso nos resulta todo, si tomamos en cuenta los consejos o advertencias públicas que suele lanzar de manera periódica el presidente de la CEOE, Joan Rosell, acerca de la conveniencia de que los trabajadores contraten su propio plan privado de pensiones. Al mismo tiempo suele reclamar una rebaja en las cotizaciones pagadas por los empresarios y un cálculo más exhaustivo de los años trabajados para los nuevos pensionados. Es decir, que de manera poco sutil estaría pretendiendo acabar con el sistema público de la Seguridad Social al tiempo que fomenta uno privado. Entonces ya no nos sorprendería tanto que se estén limpiando la hucha de todos en nuestras propias narices porque el plan es que se acabe.
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