El apogeo de la denominada economía colaborativa ha propiciado la aparición de plataformas en internet que en algunos casos se han aprovechado de ciertos vacíos en las legislaciones locales. Tal es el caso de la aplicación Uber, suspendida en España por generar competencia desleal con los taxis, o últimamente Airbnb, aquella que facilita el alquiler de pisos turísticos entre particulares.
El consumo colaborativo busca propiciar, en teoría, un intercambio directo entre compradores y vendedores, siempre marcado por la confianza. La reputación de los participantes en estas operaciones es el elemento distintivo. Este rasgo en sí mismo no debería alertar a nadie ya que apunta a mejorar las experiencias de los consumidores. El problema más bien radica en cómo se desarrollan estas operaciones y qué cantidad de normas se saltan en el desarrollo de estos intercambios.
Si analizamos a Airbnb veremos que esta plataforma fomenta transacciones comerciales alejadas del espíritu colaborativo y mucho más cercanas a una mera intermediación entre las partes involucradas. La plataforma cobra el 3% de comisión sobre el precio de alquiler pactado al dueño del piso y entre el 6 y el 12% al inquilino, dependiendo de las noches que haya contratado. Es decir, que desde 2008 cuando apareciera en San Francisco, esta compañía se ha servido del espíritu colaborativo para fundar un verdadero negocio con fines de lucro.
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| Los fundadores de Airbnb en una foto del año 2008. |
Muchas veces cuando se plantea esta incongruencia, las partes implicadas suelen acusar a los demás de no entender el concepto del colaboracionismo. Sin embargo, pocas dudas caben de que Airbnb se ha beneficiado de manera ostensible con su fabuloso crecimiento a nivel mundial. En pocos años se ha transformado de una supuesta herramienta colaborativa a una corporación internacional hecha y derecha.
Si tomamos el caso de la utilización de Airbnb en Barcelona, veremos como funciona este asunto. Las cifras no mienten. Tan solo un 2,5% de los clientes controlan el 33% de los anuncios publicados en la ciudad. El 60% de los beneficios obtenidos por la compañía en la ciudad proviene de usuarios que ofertan más de un piso al mismo tiempo, los cuales representan el 25% de los registrados en la web. A las claras, el negocio de Airbnb florece sobre unas circunstancias económicas especiales, muchos dueños de pisos necesitan alquilarlos a turistas para poder subsistir y otros directamente se han montado verdaderos hoteles con sus habitaciones diseminadas de manera desordenada por los diferentes barrios de la ciudad condal.
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| Protesta de vecinos de Barcelona contra el auge de los pisos turísticos irregulares. |
El extremo de este modelo de turismo descontrolado se aprecia en el caso de un usuario que ni siquiera siendo propietario de un solo piso en Barcelona, ofrece más de treinta en alquiler a través de la plataforma. Su modus operandi es temerario y sencillo al mismo tiempo, se presenta como inquilino, firma un contrato de alquiler con los dueños de los pisos y luego directamente los publica en Airbnb para beneficiarse de un subalquiler fuera de la ley. No la hecho con uno o dos pisos, lo hace de manera sistemática en más de treinta repartidos por la ciudad. Consultada sobre estos casos, la empresa colaborativa se desentiende del tema y deja claro que nunca ha sido su intención permitir estos fraudes, aunque estos se cometan al amparo de su tecnología.
El tema de los pisos turísticos no acaba en el fraude del subalquiler sin permiso de los propietarios. El principal inconveniente surge de la mala convivencia de los turistas con los vecinos residentes en pisos contiguos al alquilado. Para un turista adolescente que se traslada en grupo a un piso contratado a través de Airbnb no suelen existir los días laborables o los horarios de descanso. Sabemos que Barcelona es una ciudad con oferta permanente, casi las 24h de cada uno de los 365 días del año. Es decir que intentar dormir pared de por medio de un piso de alquiler turístico puede convertirse en una experiencia muy tortuosa para muchos vecinos. En este sentido, la lucha vecinal fue planteada desde 2014 con movilizaciones sonadas en el barrio de La Barceloneta. De este germen contestatario ante situaciones caóticas cotidianas, podríamos afirmar que acabó surgiendo una parte importante del apoyo recibido por la alcaldesa Ada Colau en las elecciones de mayo pasado. Su promesa de revisar el descontrolado crecimiento del turismo en la ciudad llevó algo de alivio a los que más lo padecen.
el 79% de los 14.539 pisos ofertados
por AIRBNB en Barcelona
no tienen en regla la documentación necesaria para hacerlo
Como una de sus primeras medidas en el Consistorio de Barcelona, el equipo de gobierno de Barcelona en Comú paralizó las licencias de obra para la hostelería. El plan del Ayuntamiento pretende darse un año para obtener la foto real del mapa de la actividad turística del municipio. En esta acción, los pisos turísticos representan una parte importante del problema a resolver si tomamos en cuenta las cifras que ofrece la web InsideAirbnb. Esta página analiza la controvertida actividad de Airbnb a nivel mundial y es capaz de obtener datos en particular sobre las ciudades más importantes. Según esta fuente, el 79% de los 14.539 pisos ofertados por la compañía en Barcelona no tienen en regla la documentación necesaria para hacerlo. La negativa por parte de los responsables de la plataforma a proporcionar registros oficiales que confirmen estos datos, ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a sancionarlos con una multa de 60.000 euros en diciembre pasado. La competencia de Airbnb, HomeAway recibió la misma sanción.
Los abogados de Airbnb entienden que no tienen ninguna obligación de revelar los datos de sus usuarios a las autoridades. Como en el caso de Uber en 2014, la compañía que promueve la economía colaborativa y se lucra como una auténtica corporación multinacional a través de una intermediación entre particulares a nivel mundial, se cree con derecho suficiente para explotar los vacíos legales existentes.
La sanción llega como consecuencia de publicitar pisos turísticos ilegales en sus páginas webs. El Ayuntamiento alega que tanto Airbnb como HomeAway permite que propietarios no autorizados pongan en alquiler sus viviendas en el mercado del turismo. Se están saltando las leyes de manera evidente, pero el paraguas de Airbnb es amplio y poderoso.
La investigación oficial del Ayuntamiento de Barcelona detectó 6.000 pisos ilegales ofertados en Airbnb, una cantidad muy importante si tenemos en cuenta que los pisos habilitados para uso turístico asciende a 9.600 en el registro de la ciudad. Es decir que el mercado negro es abundante. El alquiler de habitaciones dentro de viviendas particulares está pronto a ser regulado y las ofertas de este tipo abundan dentro de la web multada. Lo que indica que el enfrentamiento entre el gobierno de Ada Colau y estas plataformas acaba de comenzar.
En ciudades como Amsterdam, Paris, Londres, Hamburgo o Milán la compañía consiguió leyes específicas donde su negocio finalmente pudiera encajar. Este sería el objetivo compartido también en Barcelona. No obstante, habrá que cortar muchos flecos en el camino porque desde el Ayuntamiento se promueve que los propietarios de pisos turísticos ilegales regularicen su situación alquilando sus pisos en el mercado de la vivienda social. De esta manera obtendrían una condonación de cualquier sanción por la utilización irregular de sus propiedades.
Es evidente que la rentabilidad de uno y otro alquiler es bien diferente, tanto como la importante necesidad de viviendas de uso social que posee la franja de vecinos empobrecidos de la ciudad. De la buena combinación de unos y otros intereses dependerá en gran parte que la solución llegue pronto. De momento, Airbnb favorece un mercado negro del turismo en Barcelona que solo beneficia a unos pocos y principalmente a esta compañía. Nadie niega la importancia del turismo en el municipio, pero es innegable que existe una imperiosa necesidad de reordenar este sector clave en la economía. Sería bueno que Airbnb colaborara en la solución.
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