Escribe Marcelo Espiñeira.
Ha llegado la hora de arreglar el desaguisado del sistema eléctrico español. El mismo que no acaba de aprovechar los bajos costes de la producción de las energías renovables, o la instalación de dispositivos que favorecen la autosuficiencia eléctrica de los hogares, o el que se apoya en una subasta que fija precios para garantizar la ampliación de los beneficios de las grandes compañías generadoras de electricidad. En esta dirección se ha manifestado públicamente la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, aunque aclarara que en esta legislatura su agenda sólo porta algunas medidas de urgencia para intentar frenar el impacto de la factura final entre las familias más vulnerables.
Las consecuencias de las discutibles políticas energéticas aplicadas durante los últimos años se concentran en una factura que causa terror en el consumidor final. En tiempos de Aznar, se impuso el criterio que dejaba en manos de las empresas la expansión del ahora desmesurado sistema de generación. El reo Rodrigo Rato se inventó el costoso peaje eléctrico (37,4% de la factura) para compensar de sobra las quejas de las compañías del sector que reclamaban por el déficit de tarifa en sus cuentas. Luego, el gobierno de Zapatero instauró la fiesta de las primas a las renovables, inasumible en tiempos de vacas flacas y demasiado tentador para los especuladores pululando en busca de beneficios inmediatos. Más tarde, Soria llegó para remachar a los consumidores con subas en la fiscalidad, penalización del autoconsumo y la aceptación de un polémico sistema de fijación de precios mayoristas, variable y poco transparente. Finalmente, Álvaro Nadal intentó corregir en parte las políticas de Soria con la instalación del bono social y algunas trabas legales a las centrales térmicas de ciclo combinado. En líneas generales el estado decidió retirarse de la regulación energética desde 1998 hasta la fecha, dejando a los ciudadanos a expensas de grandes compañías monopólicas que han venido estableciendo el precio de la electricidad con el evidente propósito de primar el incremento constante de sus beneficios a costa de los bolsillos de los demás.
El problema es que este alto precio de la electricidad impacta directamente en las clases trabajadoras, así como también lastra la productividad de las empresas exportadoras, y genera inflación.
Algunos analistas del sector coinciden en señalar que la generación eléctrica está sobredimensionada en el mercado local. Es decir, que gracias a deficientes políticas regulatorias, las compañías han apostado por expandir sus inversiones en la generación hasta los 104.000 megavatios (MW), cuando la máxima demanda se sitúa en apenas 40.000. Una exageración que altera los costes, en parte porque los planes de instalación de las centrales eléctricas no están tutelados desde la administración, y porque el mismo sistema premia con mejores beneficios a las empresas que acumulan más poder de generación o que tengan una posición dominante de mercado. En países del entorno, donde el sistema funciona mucho mejor, esta capacidad de generación solo supera en un 10% o un 15% al de la utilización real.
Es importante recordar que la generación eléctrica en España proviene de diferentes fuentes de energía. Las renovables, como la eólica o la solar, son más baratas, limpias, pero también resultan impredecibles en su producción. Las de ciclo combinado son las centrales térmicas que condensan vapor impulsadas por gas. Estas centrales -una treintena-, han sido muy penalizadas por el exministro Nadal, están en plena retirada y casi paralizadas en la práctica, salvo la excepción de las instaladas en Barcelona, Bilbao y Huelva. En promedio generan un 15% de su capacidad real. Por su parte, las nucleares serían desactivadas cuando se cumplan los diez años de gracia que Zapatero y Rajoy decidieran otorgarles a estas ya amortizadas centrales.
Aunque no exista consenso aún sobre qué otra fórmula energética podrá reemplazar el garantizado aporte al sistema de las nucleares. Al respecto, las compañías solicitan que el cierre se aplace a 40 años vista. Finalmente, las hidroeléctricas y el carbón completan el variopinto sector de la generación eléctrica, a precios poco interesantes.
El gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que el proceso de transición energética no tiene retorno alguno. La firma convicción de abandonar los combustibles fósiles para electrificar el sector del transporte, otorgan al futuro de la generación eléctrica un grado de importancia incomparable. Por este motivo es de vital necesidad la confección de políticas asertivas que desactiven el actual sistema de fijación de precios y aporten una mayor equidad.
En lo inmediato, la ministra Ribera ha ampliado el alcance del Bono Social Eléctrico, y a partir de octubre piensa implementar el Bono Térmico que se aplicará sobre la factura del consumo de gas, para intentar aplacar un poco el incremento previsto del 8% en su precio regulado. Asimismo ha quitado un impuesto del 7% sobre la generación que finalmente impactará en una reducción del 2% sobre la factura de las familias. La aplicación de estos subsidios para el consumo en los hogares más vulnerables es una medida urgente y necesaria, pero debería ser solo el comienzo de una reforma integral del sistema vigente. En este sentido, Ribera ha reconocido la necesidad de tales reformas, pero ha manifestado que se abordarán en el momento que toque, y no ahora mismo.
El mercado mayorista de la electricidad experimentó una fuerte subida en julio pasado, adjudicando la patronal estas variaciones al alza de los precios internacionales del crudo y el gas. Sin embargo, un verano bastante lluvioso, un factor que debería aplacar cualquier subida en las tarifas, no ha compensado nada en la fijación del precio mayorista. Resulta evidente que en la formación del precio de la factura eléctrica, ahora mismo tan sólo inciden los aspectos negativos del mercado, dejando de lado cualquier otro que debería abaratar los sobrecostes en la producción.
Eliminar ciertas cargas fiscales podrían conducirnos al abaratamiento deseado por todos. El IVA del 21% podría ser revisado. Otro tanto podría suceder con otros tributos que el exministro Soria impuso y conforman el 22% fijo restante de la factura. Sin embargo, todavía no parece haber acuerdo entre Hacienda y la ministra Ribera en esta posible reducción tributaria. Ya que, en teoría, este faltante debería ser reemplazado por nuevos impuestos. Por este motivo, resulta tan necesario encarar la reforma en el sistema de generación.
Debido al sistema vigente, las hidroeléctricas y las nucleares se están viendo beneficiadas con unas ganancias exageradas. Y poco importa ahora mismo si un buen día de viento aporta la mayor parte de la necesidad de consumo de la red a través de los parques eólicos. La subasta del precio mayorista siempre se rige por el precio de las energías más caras, y les otorga un poco transparente margen de maniobra para adecuar los precios al alza. Este mercado mayorista debería ser rediseñado e intervenido de forma consensuada, eliminando privilegios en pro del objetivo final de una factura más liviana. Pero, por lo visto en el Congreso, las condiciones políticas todavía no están dadas del todo y habrá que seguir esperando.
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