Los recortes presupuestarios han terminado afectando el normal funcionamiento de la Administración en general. En materia de regularización de ciudadanos inmigrantes es notorio que distintas jurisdicciones se han visto saturadas por el gran flujo de demandas por nacionalidad y las demoras se han traducido en cierto malestar entre los afectados.
Para ahondar en esta temática, entrevistamos al abogado Jorge Graupera, del bufete Legalcity de Barcelona.
¿Qué cambios por parte de la Administración ha detectado en los trámites para la solicitud de nacionalidad española desde que asumiera el gobierno de Mariano Rajoy en 2011?
Jorge Graupera: Debemos resaltar que hace 2 años se firmó un acuerdo muy importante en materia de nacionalidad, que dejó en manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles (con más disponibilidad y tiempo libre desde el fin de la burbuja inmobiliaria) la tramitación de casi medio millón de expedientes de solicitud de nacionalidad que se encontraban sin resolución desde hacía años. Fue un proyecto con muy buenas intenciones, pero no exento de polémica a la hora de su puesta en práctica. No obstante, en 2013 y 2014, se logró resolver el casi medio millón de expedientes, con muchas concesiones pero también denegaciones, incluso muchas de éstas arbitrarias, y que a día de hoy continúan derivando en recursos ante la Audiencia Nacional con el objetivo de corregir flagrantes errores administrativos.
¿Por qué existen tantas diferencias en la gestión de los trámites de inmigración entre diferentes jurisdicciones dentro de una misma CCAA?
Las CCAA cada vez aumentan sus competencias, y todo ello basado en el marco de la Constitución Española. Ello ha permitido varias reformas en la normativa de extranjería, que en el caso de Catalunya, se traduce en una cesión de competencias en determinadas materias, todo ello avalado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, quedando a salvo el texto de la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya. Ello en la práctica provoca una serie de cambios, donde los trámites deben ser presentados, unos ante la Generalitat, y otros ante la Administración General del Estado, según la petición del interesado.
Además de ello, existen intereses fiscales, pues las tasas de gestión y tramitación según el tipo de expediente son pagadas ante el gobierno autonómico, o ante la Administración del Estado, lo cual se traduce en millones de euros en las arcas al final de cada ejercicio fiscal.
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| Abogado Jorge Graupera de Legalcity (Barcelona) |
¿Cómo puede explicarse que el Registro Civil de Santa Coloma de Gramenet esté entregando citas de ciudadanía para el año 2021?
Según datos a los que hemos podido acceder, en Santa Coloma hay sólo unos 4.000 "extranjeros" empadronados. Esto representa entre el 4 y el 10% de la población inmigrante, según la zona, y por tanto estamos ante un índice relativamente bajo de población extranjera. No obstante, nos han comentado que este Registro Civil es pequeño y la plantilla no tiene como asumir el incremento vertiginoso de solicitudes de nacionalidad española que se ha producido en los últimos años. Aún entendiendo esto, encontramos el plazo de 7 años para la cita previa, desproporcionado y arbitrario, y entendemos además que debe ser objeto de reforma inmediata por parte de las autoridades competentes.
¿Cuál es el promedio de tiempo que un extranjero suele esperar para ser reconocido como ciudadano español?
Normalmente, desde que se presenta un expediente de nacionalidad, se suele esperar un plazo que oscila entre el año y medio y los dos años (incluida la entrevista policial), y luego el plazo de un año para la resolución del expediente. No obstante, el problema que enfrenta ahora la Administración es la gestión de las juras. En este aspecto es donde se vienen presentado las principales quejas y demoras dentro del proceso de nacionalidad con incluso esperas de un año.
¿Cuál cree que será el futuro de los Registros Civiles en España?
Se espera una reestructuración profunda de los Registros Civiles para una fecha tan cercana como el verano de 2015. Tras estos cambios, ganarán protagonismo aspectos como las notificaciones telemáticas, juras en notaría, digitalización de expedientes, plazos de meses y no años, tramitación electrónica, informes automáticos, web potente y organizada, Gestión Telemática de Expedientes de nacionalidad, incluidas las citas previas y los informes de policía y Ministerio de Justicia, pago de tasas (eliminación de la gratuidad del proceso), mejora del test de integración para nacionalidad, entre otros. Es decir, un cambio de 180 grados con respecto a la realidad actual.
¿Qué les diría a aquellos ciudadanos que continúan señalando al inmigrante como una carga para la sociedad?
Les invitaría a recordar la historia, donde España ha sido un país emisor de emigrantes hasta principios de las década del 90 del siglo XX, e incluso hoy en día vuelve a renacer esta tendencia. Los flujos migratorios son parte esencial de la humanidad, en aras de perseguir lo que es inherente al ser humano, la satisfacción de sus necesidades. A veces una imagen vale más que mil palabras. Nosotros siempre decimos que las pateras no la inventaron ni los marroquíes ni los subsaharianos, fuimos los españoles. Se trata de un barco de españoles "sin papeles" capturados en aguas de Venezuela en 1949. Es decir, casi ayer.
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