Aunque nos enteremos a ritmo lento, ahora sabemos lo que sospechábamos desde hace buen tiempo. El caso de la polémica plataforma Castor, diseñada para reconvertir viejas instalaciones de extracción de petróleo en un gran depósito de gas, es paradigmático. Castor reúne todos los aspectos negativos que han caracterizado las relaciones estrechas entre algunos empresarios y ciertos ministros durante las últimas décadas, una connivencia peligrosa y poco útil para el conjunto de la ciudadanía.
En 2013, las poblaciones costeras más cercanas a la plataforma sufrieron temblores que en algunas ocasiones superaron los 4º en la escala Ritcher. Intensidad importante para una actividad sísmica que se disparó hasta registrar 400 seísmos en la bahía de Castellón y el delta del Ebro. La relación con Castor no tardó en aparecer. Así fue que luego de numerosos informes confirmando este supuesto, el ministro Soria tuviera que suspender el proyecto gasista que administraba la constructora ACS de Florentino Pérez.
La sorpresa fue mayúscula cuando trascendieron públicamente las condiciones que el exministro de Sebastián (PSOE) había pactado con Florentino Pérez en la concesión de Castor por 30 años. El contrato contenía una cláusula de indemnización por parte del Estado a Escal UGS (participada en un 66% por ACS) ante la aparición de intangibles como la consabida serie sísmica que provocó el cierre del depósito gasista. A esta particularidad deberíamos agregar una “generalidad”, ya que la construcción de Castor acabó costando el doble de la cifra presupuestada por Escal UGS en el pliego de licitación, en total unos 1.700 millones aportados por créditos bancarios (Santander, Caixabank, Bankia, etc) con la garantía del Ministerio de Industria. Una operación redonda (para Florentino) que luego se vió amenazada por un cambio regulatorio de 2011. Un inconveniente de carácter financiero que pronto fue compensado con una colocación exitosa de bonos de deuda de ACS por valor de 1.400 millones, en buena parte avalada por el Banco Europeo de Inversiones, sabiendo que en última instancia España debía responder por estos fondos. La inversión resultó muy atractiva para los bonistas extranjeros.
En junio pasado, Florentino devolvió el proyecto al Estado, tal cual el contrato se lo permitía. A partir de allí, ha puesto en marcha sus influencias para conseguir que el Gobierno le abonara la indemnización de 1.350 millones en tiempo record y así cubrir los vencimientos de los bonistas previstos para noviembre próximo. La negativa inicial de Soria chocó con la receptiva Soraya Saenz de Santamaría que compartiera viaje de negocios a Lima con el presidente del Real Madrid. Ahora, el dinero saldrá de un triple préstamo otorgado por los bancos Santander, Caixabank y Bankia (con 5% de interés) que se recuperará a través de la factura de los usuarios de gas (sí, todos nosotros) que incrementarán sus importes durante los próximos 30 años. Negocios a la carta para unos, facturas para otros, crónica de otro desfalco descarado.
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