La reciente publicación de los Presupuestos del Estado para 2015, abona una idea que ha crecido en popularidad entre los ciudadanos catalanes durante los últimos tres años. Catalunya no entra en los planes de Rajoy, la obra pública en la región se ha estancado o hasta desaparecido y la inversión de España en nuestra Comunidad Autónoma se ha reducido a la mínima expresión.
Vale decir que el fuerte avance del proceso soberanista ha sido paralelo a la notoria desinversión española. El último presupuesto de Zapatero incluyó en 2011, ya con notorias rebajas, una partida de 2.545 millones de euros para Catalunya. Desde la llegada de Rajoy a la Moncloa, estos fondos sólo han oscilado entre los escasos 1.403m de 2012 y los raquíticos 948m de 2014. Para 2015, se han proyectado 1.072m que representan no más de 145€ por habitante, notoriamente insuficientes ante los 699€ p/hab que recibirán en Castilla y León, gobernada por el popular Juan Vicente Herrera Campo, o los 504€ previstos para Galicia, también de los populares.
Recientemente se ha visto la presión del mundo financiero sobre los independentistas escoceses. Días antes del Referendum que ganase el NO por escaso margen, dirigentes de dos importantes bancos locales se manifestaron contrarios a la escisión escocesa y ventilaron todo tipo de escenarios nefastos para la economía local si ganaba el SI. Aquí también hemos comenzado a sentir esta fuerte presión de los mercados, con opiniones poco favorables ante cualquier posible cambio en las relaciones institucionales con España. El rechazo del mundillo del dinero inclusive abarca la posibilidad de la realización de la Consulta. No innovar, es la idea que manejan los bancos y las Aseguradoras de Riesgo, aunque el influyente periódico norteamericano Financial Times haya reclamado que Rajoy se deje de ocultar tras la Constitución y busque una solución política del conflicto que mantiene abierto con la Generalitat.
La amenaza con quedar fuera de la UE es la preferida al momento de explicar los infortunios que esperan a Catalunya tras la independencia. Esa situación, según la agencia de riesgos Fitch, convertiría automáticamente la emisión de deuda catalana en un bono basura. Vale recordar que actualmente esta calificadora de riesgo crediticio mantiene un BBB- para la deuda pública local.
Como Fitch, los empresarios alemanes con intereses en Catalunya tampoco se han cortado a la hora de encender las alarmas en contra del proceso soberanista. Los bancos locales han sido más discretos, aunque haya empresarios que en privado afirman que no apoyan el cisma catalán.
Ahora bien, con la Consulta trabada en el Tribunal Constitucional, la unidad del frente soberanista no luce tan sólida como antes y la posibilidad de unas elecciones anticipadas para enero o febrero de 2015 comienza a tomar forma en el horizonte. El conseller Francesc Homs ha fijado al 15 de octubre como fecha tope para confirmar la realización de la Consulta y ha provocado el disgusto de ERC. Las encuestas continúan otorgando una leve ventaja a los republicanos en la intención de voto de la ciudadanía. Lo que no queda claro es qué sucedería si Artur Mas tuviera que anunciar finalmente que no se hará la Consulta del 9N.
Especulaciones al margen, sigue sin advertirse una actitud negociadora desde Madrid. La derrota de Alex Salmond en Escocia puede haber sido un bálsamo reparador para las confusas posiciones del gobierno de Rajoy. Sin embargo, desde el exterior crece el número de interesados en encontrar una salida pactada y elegante a la cuestión catalana. El estrecho margen de maniobra que han reservado las dos partes implicadas dificulta la existencia de un diálogo fructífero, tan necesario como la misma opinión de los ciudadanos. De momento, se percibe una fuerte presión financiera que tiende a ahogar a la Generalitat, con los perjuicios por todos ya conocidos. La negociación es urgente e inevitable.
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