PARAÍSOS FISCALES, el fabuloso fraude fiscal de las grandes fortunas.

Pagar más impuestos que antes mientras perdemos el acceso a las prestaciones sociales más básicas. "Trabajar más para ganar menos", curiosa sentencia del profeta y fallido empresario del sector turístico Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE en tiempos del PSOE y responsable de la quiebra de Viajes Marsans junto a su socio Gonzalo Pascual, quienes astutamente ya se han apañado para disponer de un nuevo juguete llamado Nautalia.   



Una investigación de
Marcelo Espiñeira.


Anécdotas al margen, no podemos escaparnos de ser los testigos privilegiados de la estrangulación del estado de bienestar que mantenía una cohesión idílica en España y en una enorme mayoría de sociedades europeas. El contrato social existente entre los Estados y los ciudadanos, en virtud del cual éstos pagan impuestos a cambio de los servicios que el Estado les presta, está en grave peligro.

Uno de los preceptos esenciales de la economía clásica, esgrimido claramente por quién es considerado su padre moderno: Adam Smith (Escocia, 1723-1790), dictaba que "todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del Estado en proporción a sus respectivas capacidades". Ecuación básica para que una sociedad funcione, pueda crecer y se desarrolle en armonía. Pero que visto lo visto en la crisis que estamos hundidos, está muy lejos de respetarse.



Nadie se atreve a poner en duda, porque las estadísticas lo avalan, que aquellos que más recursos disponen son los peores contribuyentes. La mal llamada "ingeniería financiera" es un sofisticado método (con infinitas variantes) que persigue el fraude fiscal deliberado y que se ha convertido en un instrumento básico para mantener intactos los patrimonios de las empresas multinacionales y las elites acaudaladas. Una práctica nociva para el conjunto de la sociedad, pero muy eficaz para el éxito de las finanzas particulares. Mezquina en sus fundamentos y obscena en su ejecución, la evasión fiscal encuentra en los denominados "paraísos fiscales" un destino perfecto para ingentes sumas de dinero que no tributarán jamás en la proporción que deberían.



Es muy dificultoso calcular la cantidad de metálico que atraviesa diariamente o se esconde en los paraísos fiscales. Pero a partir de estudios realizados por el Banco Internacional de Pagos, Boston Consulting Group y el Departamento de Investigación del grupo McKinsey, la coalición de ONGs Tax Justice Network estima que existen 9,2 billones de euros ubicados en paraísos fiscales. Una cifra que según otras fuentes especializadas aumentaria hasta los 11,54 billones de dólares, lo que representa el 80% del valor del PIB de Estados Unidos de América.



¿Qué es un paraíso fiscal?
El economista José Luis Escario (Madrid, 1968), autor del libro "Paraísos fiscales" (Ed. Catarata) define a los paraísos fiscales como "jurisdicciones especializadas en atraer la inversión extranjera utilizando para ello el secreto bancario, tipos impositivos muy bajos o inexistentes para los no residentes, la falta de cooperación con las administraciones fiscales de otros países y la desregulación. La opacidad que caracteriza a estos territorios sirve de cobertura a la especulación, a la evasión fiscal y a las redes criminales".

“La variedad de estos territorios es muy amplia y cada uno de ellos está especializado en diferentes formas de captar el dinero hacia su jurisdicción, frecuentemente realizando una competencia desleal a los otros países. Sin embargo, se pueden convenir una serie de rasgos básicos comunes a la mayoría de los paraísos fiscales. En primer lugar, se suele establecer una tasa impositiva nula o muy baja, eso sí, para los no residentes, que gozan de esta forma de un régimen diferenciado y privilegiado dentro del sistema fiscal. En segundo lugar, se trata de jurisdicciones con un secretismo y opacidad casi totales. A veces, aún cuando se conozca la existencia de una cuenta corriente en un banco determinado, la identificación del beneficiario real de los fondos se hace casi imposible. Por último, los paraísos fiscales se caracterizan por una deficiente cooperación fiscal con otras jurisdicciones que se traduce en la interposición de numerosos obstáculos a cualquier requerimiento de información proveniente de otro país”.

Estas jurisdicciones, según Tax Justice Network, han pasado de las 25 que existían en los años setenta a las 72 actuales. Una epidemia que en buena parte de los casos se ha extendido al amparo de las grandes potencias. Territorios indudablemente dependientes de los principales centros financieros internacionales y de los cuales ciertos gobiernos de países desarrollados son responsables directos por su mera existencia.

Un auténtico agujero negro de la economía globalizada que los líderes mundiales no consiguen, no saben o no quieren neutralizar con la eficacia necesaria. 

La elusión fiscal, aunque no comporte ilegalidad en sí misma, permite reducir drásticamente la factura fiscal de empresas y particulares aprovechando los vacíos legales en el Derecho Internacional o las diferencias de las legislaciones nacionales. Las complejas estructuras en que se organizan las corporaciones multinacionales posibilitan que éstas tengan a su disposición una serie de técnicas que permiten trasladar sus beneficios de una filial a otra (casi siempre ubicada en un paraíso fiscal), con el objeto de reducir considerablemente la factura fiscal del grupo en su conjunto. 

Prácticas más habituales

Los estándares contables internacionales actuales, que establecen el grado de información contable que debe ser desvelada por las corporaciones multinacionales, favorecen una serie de prácticas y estrategias de elusión fiscal.

El transfer mispricing o la emisión de facturas falsas es considerada una de las técnicas más utilizadas en este sentido.

Estas corporaciones multinacionales, normalmente estructuradas en grupos empresariales, adoptan el sistema de cuentas consolidadas. El cual les permite que presenten su información financiera agregada de manera regional, en vez de reportarse país por país. Siendo muy normal que estos datos proporcionados por las compañías multinacionales engloben las transacciones de todas las empresas que conforman el grupo. 

El sistema de las cuentas consolidadas se basa en el concepto de que el grupo es una empresa única aunque, legalmente, cada filial empresarial  tribute en cada país en el que opera.

Sucede entonces que si las transacciones intergrupales no figuran desglosadas en los informes financieros que las multinacionales presentan al fisco, resulta imposible descubrir los movimientos verdaderos entre las diversas cuentas de la corporación. Y no es ésta una cuestión menor, cuando la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)  ha contabilizado que el 60% del comercio mundial es del tipo “intergrupal”, y por lo tanto susceptible de transfer mispricing o de ser dirigido a paraísos fiscales.

El transfer mispricing se da cuando las filiales de un mismo grupo situadas en diferentes jurisdicciones comercian entre sí, y artificialmente manipulan el importe registrado del precio. De forma intencional minimizan la factura fiscal total del grupo localizando los beneficios en las filiales sitas en las jurisdicciones con menor carga impositiva, como son un buen ejemplo los paraísos fiscales.

Las multinacionales y los bancos son, pues, los principales clientes de los paraísos fiscales. Muchas entidades bancarias emprenden actividades de crédito y especulativas sin el más mínimo control, gracias a las filiales situadas en estos territorios o la utilización de vehículos intermedios opacos (como los trusts o sociedades pantalla). No se podría comprender de otra forma la presencia masiva de bancos y hedge funds (fondos de riesgo) en los paraísos fiscales.

Paradigmas de la evasión

Praxair es una multinacional con sede central en EEUU y con filiales en cuarenta países. Se dedica a la venta industrial de gases y es una de las empresas más rentables del mundo en relación con sus recursos propios. La Audiencia Nacional de España ha confirmado que se cometieron reiterados delitos fiscales entre 2001 y 2003 en las sociedades Praxair España, Praxair Ibérica y Oximesa. Las filiales con mayores beneficios transmitían participaciones a otras que en las mismas fechas reducían capital mediante amortización de las acciones propias.

En 2004, Praxair Euroholding compró acciones de una sociedad del grupo por 142 millones de euros y a la semana siguiente se las vendió a Praxair Canada por 92 millones, generando una pérdida contable de 50 millones. Para deducirse ilícitamente fondos de comercio y supuestos intereses, el grupo Praxair realizó operaciones en las que se involucraron las filiales de Luxemburgo, Suiza y la propia matriz de EEUU.

Otro buen ejemplo de transfer mispricing es Google. El fenómeno empresarial más venerado de los últimos tiempos por la burbuja financiera, ha generado cifras astronómicas de crecimiento que se han intentado justificar por la explosiva expansión de Internet. Según datos de la International Advertising Bureau y de la auditora Price Waterhouse Coopers, Google ingresó en España 550 millones de euros durante su ejercicio en 2009. Y gracias al músculo de su sofisticada "ingeniería financiera" consiguió pagar sólo  26.419 euros a Hacienda en concepto de Impuesto de Sociedades en el mismo año. 

"El gigante tecnológico de Palo Alto desvía casi todos sus ingresos a Irlanda. Nadie sabe de qué cantidad se trata, porque Google se ha resistido siempre a dar datos sensibles sobre sí mismo" explica Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, autor del libro "Desnudando a Google" (Ed. Deusto).

"Google y Facebook se comportan igual que los casinos on line que operaban en España con sede en Malta o Gibraltar. Pero, además, para conseguir esas ganancias, Google ha actuado sin ningún tipo de miramientos hacia los derechos de autor con servicios como Google Books o YouTube" concluye su denuncia Suarez Sánchez-Ocaña. 

Justamente Facebook, otro producto de valor tan intangible como Google, se estrenará en la Bolsa de Valores norteamericana de manera inminente. A la red social que ya cuenta con más 800 millones de miembros en su haber, le han pronosticado que duplicará por 10 el valor inicial de sus acciones y hará mucho más millonarios a unos cuantos accionistas y fondos de riesgo que confiaron desde un inicio en el proyecto de Mark Zuckerberg. Por supuesto que su socio fundador (poseedor de más de la mitad de las acciones de la compañía) no se embarcará en esta maniobra bursatil debido a una supuesta falta de liquidez de su compañía u otras razones de índole financiero. Cuando su fortuna personal está calculada en más de 22.000 millones de dólares, todo indica que las autoridades de regulación americana lo han invitado a blanquear sus cuentas de una buena vez. 

La opacidad de las cuentas de Facebook también han dejado un fuerte impacto en las menguadas arcas de Hacienda local. La red que atesora los pelos y señales de casi 15 millones de españoles, cuenta en su plantilla con dos únicos empleados, alquila una modesta oficina, al tiempo que ha declarado la exigua suma de 1,1 millones de euros de facturación para su filial hispana en 2010, alcanzando los tímidos beneficios de 57.739 euros. ¿Milagro empresarial? No, ni más ni menos que otro hito de la ingeniera financiera que desvía toda la facturación a su filial insular de Facebook Ireland (Irlanda) evitando tributar en el país donde se está generando la verdadera actividad comercial.

El caso español

Aunque España no disponga de un estudio oficial sobre fraude fiscal, se pueden tomar en cuenta serios informes realizados por economistas de diversas ONG radicadas en nuestro país que calculan que las cuotas no ingresadas rondarían los 280.000 millones de euros anuales. Una cifra que representa el 23% del valor del PIB español (casi el doble de la media europea) y que de tributar correctamente cubriría con creces el déficit actual del Estado, que tantos dolores de cabeza nos está trayendo a todos.

José Luis Escario, autor del libro "Paraísos Fiscales".

En un estudio presentado en febrero de 2011 por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC) y correspondiente al ejercicio contable de 2009, se confirma que el 80% de las empresas del Ibex 35 tiene presencia en paraísos fiscales a través de sociedades participadas y que además no informan a la Administración sobre cuáles son sus actividades en estos territorios. Y lo peor del caso, mientras que las inversiones de estas empresas en paraísos fiscales han crecido vertiginosamente (alcanzando en 2010 el doble que en 2009), la recaudación sobre el impuesto de sociedades en España se ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009. 

El ORSC también explica que aun cuando el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30% para grandes empresas, debido a las exenciones y deducciones, en la práctica el tipo efectivo nunca supera el 10% de media sobre los beneficios.

Cuestión ineludible

La crisis de origen financiero que estallara en 2008 y que mantiene en vilo las necesidades básicas de millones de españoles, sembró algunas novedades en los discursos de los líderes políticos (impensables hasta ahora) como la lucha contra la evasión fiscal o el final de los paraísos. Estos temas han entrado en la agenda de los principales foros internacionales gracias a los efectos devastadores que causara la debacle financiera en la economía del mundo occidental. 

En la cumbre del G20 celebrada en Washington en noviembre de 2008 colaron estas cuestiones en la orden del día, aunque hubo que esperar hasta abril de 2009 (en Londres) para que el G20 elaborara su primera lista de paraísos fiscales. Una iniciativa que lejos ha estado de dar sus frutos. Las posteriores cumbres del G20 en Pittsburgh (setiembre de 2009), Seúl (noviembre de 2010) o la más reciente de Cannes (noviembre 2011) tampoco han conseguido avances importantes en la materia. 

Finalmente la OCDE confeccionó una lista oficial que señalaba a los territorios considerados paraísos fiscales. 

Supuestamente, aquel primer paso instaría a las jurisdicciones señaladas a rever su política de facilidades fiscales extremas. Pero, el problema de aquella lista creada a instancias de la cumbre del G20, era que resultaba muy sencillo salirse de ella y quedar limpio otra vez. 

Dicho listado indicaba algunos requisitos básicos para que una jurisdicción no sea considerada un paraíso fiscal. Entre ellos figuraba el de tener una docena de acuerdos bilaterales firmados con otros territorios para facilitar el intercambio de la información contable de sus ahorristas. Motivo por el cual, a los pocos días, algunos paraísos fiscales firmaron entre sí acuerdos poco creíbles con tal de llegar a la cifra requerida por la OCDE. 

De esta forma, la lista original volvió a quedar prácticamente vacía a las semanas de su confección. Entre estos acuerdos dudosos figuran los firmados entre las islas Faroe y Gibraltar (20 de octubre de 2009), entre Mónaco y Andorra (18 de octubre de 2009) o el de las islas Faroe y las Antillas Holandesas (10 de setiembre de 2009). Verdadera ingeniera financiera aplicada a nivel estatal.

En 2009, también los presidentes Barack Obama (EEUU) y Nicolas Sarkozy (Francia) impulsaron barreras más restrictivas en este ámbito, que finalmente no prosperaron por el bloqueo ejercido por muchos países del G20 beneficiados directamente de este desaguisado fiscal.

Cómo contraer la evasión

La crisis ha puesto la cuestión sobre la mesa de negociaciones y una variada gama de medidas insuficientes se han adoptado a nivel europeo para avanzar hacia una transparencia fiscal desde 2008  hasta la fecha.  Las prácticas habituales que protegen a las grandes fortunas del tributo público son conocidas por la clase dirigente. Ahora mismo, el problema es meramente de voluntad política. Si un acuerdo europeo para restringir definitivamente a los paraísos fiscales prosperara, según numerosos estudios y cálculos, la recaudación fiscal de la zona euro repuntaría ostensiblemente.

Aun cuando el desafío pudiera ser enorme, por los riesgos que todo cambio conlleva y las ampollas que siempre levanta, la evasión fiscal no puede seguir siendo un tema menor u olvidado. 

El gobierno francés ha dado señales claras al respecto. Aunque en clave más electoralista de lo que cabría esperar, Sarkozy ha anunciado recientemente que aplicará de forma unilateral una tasa sobre las transacciones financieras que muchos se han apresurado a comparar con las iniciativas del economista keynesiano James Tobin (EEUU, 1918-2002).

La ley FACTA sancionada recientemente en EEUU es ambiciosa y se encuadra en esta misma dirección. La nueva legislación se compromete a eliminar el secreto bancario, al tiempo que obligará a las entidades que operen en Panamá u otros países y tengan un agente o banco corresponsal en EEUU, a informar automáticamente sobre clientes que posean nacionalidad, ciudadanía o residencia estadounidense. 

Los bancos ya se quejan por el trabajo de identificación que les espera y al parecer, sin recibir ninguna retribución a cambio por parte de la administración americana. Hasta junio de 2013 no entrará en vigor dicha ley, pero en comienzo, podría tener un interesante efecto disuasorio sobre la fuga de capitales que sufre el gigante mundial.

José Luis Escario, autor del libro "Paraísos fiscales", reúne con obstinada paciencia las medidas que facilitarían el establecimiento de un marco ideal para combatir las desigualdades que plantea la persistente existencia de los paraísos fiscales.

La creación de un registro de trusts o sociedades pantalla, o de una autoridad fiscal mundial, se encuentran entre sus propuestas más significativas. El economista Escario deja claro que lo más importante es obligar a estas jurisdicciones opacas a que abran sus cuentas reales a todo el resto de naciones. Y para ello, considera fundamental que cualquier iniciativa sea ratificada a nivel internacional y con alcance planetario ya que justamente en esta fragmentación legislativa es donde encuentran asidero la aparición de nuevos refugios clandestinos para capitales sin ánimo de tributar.

Buscando indagar con la máxima minuciosidad en el tema que abordamos, entrevistamos al autor José Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Ha trabajado en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y en diversos puestos en la Administración española. Tras haber colaborado con diferentes ONGs y think tanks en cuestiones de fiscalidad internacional, actualmente es Coordinador del Área Unión Europea en el Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Ha publicado diversos artículos y libros en asuntos comunitarios, de política exterior y de fiscalidad.

¿Se podría afirmar que en las últimas décadas, la ingeniería financiera de las corporaciones multinacionales se ha sofisticado más que nunca, buscando eludir impuestos como sea?

JOSÉ LUIS ESCARIO: Es cierto que los actores privados y las empresas se han adaptado a los desafíos y cambios de la globalización, mientras que los Estados siguen en muchos casos rigiéndose por una lógica nacional y resistiéndose a construir una gobernanza global que haga frente a los riesgos mundiales, como la evasión y elusión fiscales. 

La ingeniería financiera de los grupos empresariales se aprovecha de las lagunas que dejan los sistemas fiscales nacionales para reducir al máximo los impuestos que paga el grupo en su conjunto. La libre circulación de capitales, la desregulación que ha imperado durante las últimas décadas y la falta de acuerdo entre los Estados constituyen un terreno propicio para que las prácticas fiscales nocivas se extiendan. Y a medida que cierta cooperación internacional se ha ido produciendo últimamente, el ingenio y la planificación fiscal de estas corporaciones se ha agudizado para esquivar con relativa facilidad los "obstáculos". 

Podemos decir que, por ahora, los estados van perdiendo la carrera.

¿Qué grado de responsabilidad adjudicaría a la clase política europea sobre este fenómeno? ¿Realmente podemos creer que no sepan controlar estas fugas de capital?

En el fondo es un problema de voluntad política. Estados Unidos ha aprobado una ley muy contundente (la FATCA) para combatir el fraude fiscal de las empresas de su país con activos en el extranjero. En la UE no parece que haya consenso (las decisiones en este campo se deben tomar por unanimidad) para adoptar todas las medidas necesarias. Hay ciertos países, como España, Francia o Alemania que están decididos a avanzar, pero otros Estados miembros persisten en poner obstáculos y sólo acceden a concesiones menores.  

¿Cómo se explica que naciones como Austria, Holanda, Reino Unido o Irlanda sean auténticos paraísos fiscales?

Aunque no haya un criterio unánime para catalogar un territorio como tal (existen varias listas nacionales de paraísos fiscales y una lista de la OCDE), está claro que hay países más escépticos, de una forma directa o indirecta, a la hora de atacar el problema de la evasión y elusión fiscales. Austria, junto a Luxemburgo, está poniendo problemas para revisar las Directivas de intercambio de información, Holanda sigue ofreciendo unos regímenes especiales a los holdings y a las corporaciones multinacionales que se instalen en su territorio, el Reino Unido continúa favoreciendo, en algunos de sus territorios, la proliferación de vehículos intermedios opacos (trusts, fundaciones, sociedades pantalla, etc…) para ocultar al beneficiario real de los fondos, e Irlanda sigue realizando un dumping fiscal a través de un impuesto de sociedades con un tipo muy inferior al de sus socios europeos. Se trata, sin duda, de formas de competencia desleal incompatibles con la idea misma de un Mercado Único completo y sin distorsiones en la UE.

Usted reúne en su libro “Paraísos fiscales” unas cuantas medidas necesarias para intentar controlar la evasión fiscal en los Estados. A nivel europeo ¿qué avances se han producido o ha podido detectar en este sentido durante los últimos meses (posteriores a la edición de su libro)?

La propuesta de la Comisión para revisar la Directiva de la Fiscalidad del Ahorro sigue sin aprobarse, por el bloqueo de ciertos países, y el alcance de la obligación de intercambio de información fiscal automático que contiene sigue limitado a las personas físicas y a los intereses sobre los ahorros. 

En febrero de 2011 se aprobó la Directiva sobre Cooperación en Materia Fiscal, que prevé una extensión de dicho intercambio a otros tipos de ingresos y que se llevará  cabo en dos fases, la primera  en 2014 y la segunda en 2017. El problema de la aplicación de esta normativa comunitaria a las personas jurídicas sigue sin resolverse, con lo cual basta con crear una sociedad pantalla, un trust o cualquier otro vehículo intermedio para esquivar la aplicación de ambas Directivas.

Otro problema añadido que ha surgido en 2011 es el derivado de los nuevos tratados que han negociado Alemania y Reino Unido con Suiza, pues al priorizar este tipo de cooperación bilateral boicotean el enfoque multilateral y automático que tienen las referidas directivas y dificultan la aplicación completa de éstas.

Gibraltar es considerado un paraíso fiscal muy activo.

Las expectativas que generaba la cumbre del G20 en Cannes finalmente no se han materializado. El nuevo acuerdo fiscal europeo tampoco ha puesto el énfasis en la persecución del fraude offshore. ¿Cree usted que no existe la suficiente voluntad política para frenarlo? 

En el G20 de Cannes, muy centrado en la resolución de la crisis del euro y de Grecia, se ha vuelto a posponer la mayoría de las medidas en materia de lucha contra las "jurisdicciones no cooperativas" y el fraude fiscal. Algún avance se ha producido al apostar claramente por el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, firmado por la OCDE y el Consejo de Europa como el marco global adecuado para establecer un intercambio de información fiscal automático y multilateral. Gran parte de los países desarrollados ya forman parte de él, queda ahora ir incorporando a los países en desarrollo que aún no son miembros y, sobre todo, habrá que "convencer" a los paraísos fiscales para que se adhieran cuanto antes.

Otro paso que se ha dado en Cannes es el de reconocer que la fiscalidad es un elemento integrante de la Responsabili-dad Social Corporativa de las empresas. Aunque este tipo de iniciativas sean normalmente voluntarias para las empresas, es importante concienciar, tanto a éstas como a la sociedad, de la parte de responsabilidad que corresponde a ciertas corporaciones en la resolución del problema.

Aunque el pacto fiscal negociado por los líderes europeos el pasado 30 de diciembre haya hecho especialmente énfasis en la cuestión de la estabilidad presupuestaria, es muy probable que en próximas reuniones se aborde con detalle el tema de la convergencia fiscal, al menos en la zona euro. Ello implicaría inevitablemente entrar en las distorsiones que suponen tanto las prácticas de competencia fiscal a la baja como la existencia de paraísos fiscales en Europa. Es de esperar que la persistencia en estas prácticas conlleve sanciones o consecuencias negativas para los países que las acojan. 

¿Realmente el desacuerdo entre Cameron y el eje Merkel-Sarkozy puede adjudicarse a una falta de entendimiento en cuanto a la política fiscal de la UE?

Es una de las fuentes de desacuerdo ciertamente, pero no la única. 

En general, el Reino Unido se opone a someter a su principal plaza financiera, la City de Londres, a una mayor regulación comunitaria. Pero ciertamente la cuestión de llegar a una determinada armonización fiscal en el impuesto de sociedades o la de establecer impuestos europeos sobre el sector financiero son causas de discrepancia importantes entre el Reino Unido y el eje Merkel-Sarkozy, que están provocando una fragmentación de la UE.

¿Qué opinión le merece la TTF acordada por Merkel y Sarkozy?

Por el momento sólo Francia ha decidido unilateralmente la aplicación del impuesto a las transacciones financieras, aunque limitada a una serie de operaciones financieras. A nivel europeo lo único que hay por el momento es una propuesta de directiva al respecto, que esperemos se apruebe lo antes posible.

La aplicación de este tipo de impuesto tiene un doble efecto positivo: el primero de carácter disuasorio y corrector con respecto a los instrumentos financieros más especulativos y, el segundo, de tipo recaudador, al generar importantes recursos que podrían dedicarse a aliviar los efectos de la crisis sobre los ciudadanos, a financiar los bienes públicos mundiales (lucha contra la pobreza y contra el cambio climático) o a engrosar el exiguo presupuesto comunitario.

Centro financiero de Andorra.

¿Por qué cree usted que España ya no considera paraíso fiscal a Andorra?

Por el simple hecho de que ha firmado un acuerdo bilateral de intercambio de información con este territorio que suaviza los requisitos para que la Administración española obtenga datos sobre los españoles que tienen abiertas cuentas corrientes en El Principado. Por lo expuesto anteriormente, considero que es un error fundamentar la catalogación de un territorio como paraíso fiscal en función de los acuerdos bilaterales, muchas veces resultado de la relación de fuerzas entre los países firmantes, en vez de apostar por una cooperación en un marco multilateral.

El ministro Montoro parece decidido a un reordenamiento fiscal importante en España. ¿Cree que tendrá margen de maniobra legal para forzar a las grandes empresas del IBEX 35 a tributar como debieran?

Como he dicho antes, el problema no se resuelve sólo a escala nacional. Las multinacionales pueden utilizar estrategias para situar sus beneficios en un país o en otro, según les convenga fiscalmente. Y la información de los fondos y activos en esos países "receptores" depende muchas veces de la "buena voluntad de los mismos". Es verdad que el problema también se puede atacar a escala nacional, sobre todo teniendo en cuenta la cada vez más preocupante pérdida de recaudación en concepto de impuesto de sociedades (muy superior a la disminución de los beneficios empresariales). A este respecto, deberían reducirse las numerosas exenciones y bonificaciones que tienen las empresas multinacionales y que hacen que el tipo efectivo que se les aplica sea muy inferior al tipo nominal establecido.

Las reales soluciones para controlar el fraude fiscal en España yacen en los acuerdos que se consigan firmar a nivel europeo. Resulta difícil creer que acrecentar la presión sobre las pymes o los autónomos fuera a resolver el agujero negro de la fiscalidad nacional. 

Tan dudoso como ver a Esperanza Aguirre y Ana Botella acordando un plan para allanar el terreno a un empresario americano que pretende instalar un megacasino allí donde le permitan una exención impositiva de largo plazo y el acceso irrestricto de ludópatas en sus instalaciones.